Clarifiquemos la concertada

El pasado 6 de mayo pude participar en la manifestación por la libertad de enseñanza convocada por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA). En cuanto al número de participantes puede decirse que fue un verdadero éxito. Se estima que acudieron más de 40 000 personas. Sin embargo, nunca he sido de los que han creído que la verdad pueda determinarse basándonos en el apoyo mayoritario que reciba o no una determinada causa. Si en el próximo examen de mi clase 25 de los 35 alumnos me dicen que 3 más dos son cuatro... ¡pienso negarme a considerarlo correcto!

Con este artículo pretendo aclarar algunos malentendidos y lugares comunes que creo que existen entorno a la enseñanza concertada. Tengo la convicción de que mis argumentos servirán para mostrar la necesidad de esta, siempre y cuando, claro, nos acerquemos a ellos libres de los prejuicios que tanto entorpecen la búsqueda de la verdad. Como diría el filósofo Julián Marías:

"Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición, las verdaderas prefieren justificarse."

Soy, además de profesor, padre de dos chicos de 11 y 14 años que acuden al mismo centro en el que trabajo. Se puede decir, por lo tanto, que conozco bastante bien la realidad de la que hablo. Tanto para mí, como para su madre, la educación de estos no consiste únicamente en la adquisición de unos conocimientos en algunas asignaturas. No, la educación es mucho más. Tenemos claro que de su educación debemos encargarnos principalmente nosotros. Pero consideramos muy importante que puedan acudir a un centro cuyo ideario sea coherente con el conjunto de valores que queremos transmitirles y que, por cierto, el centro hace explícito a través de un ideario que cualquiera puede consultar en su página web.

En el artículo 27 de la constitución puede leerse que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." Eso es, lo que a mi juicio, los poderes públicos han estado garantizando mediante el mantenimiento de los conciertos. Mediante estos se ha dado la posibilidad a los padres de poder elegir entre modelos educativos diversos. En resumen, el apoyo o no que se brinde a la enseñanza concertada no es un capricho de los gobiernos de turno, sino un servicio público que viene a cumplir con uno de los derechos básicos que recoge nuestra constitución.

Hay muchas palabras que, utilizadas desnudas, sin más matizaciones, remiten a un conjunto de significados que pueden diferir enormente según la persona que las procesa en función de las vivencias que esta haya ido atesorando a lo largo de su vida. Un ejemplo de este tipo de palabras son los adjetivos público y privado. Suele argumentarse que las administraciones no deberían destinar el dinero público al sostenimiento de entidades privadas. Esta argumentación, según mi opinión es errónea, porque ni el dinero es "público", sino que proviene de los contribuyentes (manos privadas), entre los cuáles hay muchos que optan por la enseñanza concertada, ni las entidades son tan "privadas" como parece pues como ya hemos dicho ofrecen un bien público exigido por la constitución. Además, tal y como afirma la Plataforma por la Libertad Educativa: "ninguna ley española ni europea impide que un servicio a los ciudadanos, financiado con los impuestos que éstos pagan, pueda ser prestado desde la gestión privada del mismo".

Otro de los significados a los que la palabra privado remite es al lucro que unas determinadas personas, muchas veces despreciadas con el término "los empresarios", puedan obtener. Bien, clarifiquemos también este asunto. Hablaré del centro en el que yo trabajo, porque es el que conozco, pero estoy prácticamente seguro que lo que diga de él podría extrapolarse al resto de centros concertados. Lo primero que deberíamos hacer es agradecer a las titularidades privadas de estos centros que accedieran en su día a poner al servicio de la sociedad unas entidades educativas que eran en la mayoría de los casos completamente autosuficientes económicamente. De este modo posibilitaron la universalización del acceso a la educación en España, en una época, además, en la que no había suficientes infraestructuras públicas para ello. De bien nacido es ser agradecido dice nuestro refranero. Lo segundo que haré es decir que ninguno de los centros concertados en que he trabajado (tres en concreto) he visto que estuvieran destinados al lucro personal de las entidades privadas que los poseían, más bien al contrario, pues el posible rendimiento positivo de su actividad económica he visto que lo reutilizaban en la mejora de unas infraestructuras que ponían luego a disposición del conjunto de la sociedad. ¿Cuál es el porqué de su existencia entonces?, se preguntará el lector. ¿Qué buscan con sus centros educativos? Bien, digámoslo sin tapujos: buscan la mera transmisión de un mensaje con la educación como medio privilegiado. Por cierto, un mensaje que, como he dicho antes, no ocultan y que las familias aceptan libremente.

El tercer equívoco que me gustaría desenmascarar en relación al argumento al que antes he hecho alusión, tiene que ver también, con cuestiones económicas. Es una cuestión económica que también pondrá de manifiesto una falta de igualdad y justicia flagrante. No son pocas las voces que he oído diciendo que sería un fraude para el contribuyente dar dinero a la escuela concertada cuando hay plazas en la pública. Esta afirmación mucha gente la toma como un axioma prácticamente irrefutable. Pero...¡ya lo creo que admite refutación!

Antes de nada vamos a mostrar bien a las claras unas cuántas cifras que clarifiquen el asunto. Mucha gente piensa que el mantenimiento de este tipo de educación supone un gasto doble para la administración pública, cuando la verdad es, justamente, lo contrario. Ayer pude leer en la Vanguardia un artículo, cuyo titular resultaba algo confuso, en el que se decía que el gasto que supone para una familia la enseñanza concertada según la OCU supone un 250 % más que el de la enseñanza pública. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo, porque las familias tienen que hacerse cargo, vía por ejemplo donaciones, de la diferencia que produce el trato discriminatorio de la administración pública, que destina una menor asignación de fondos a este tipo de educación, estimándose que el coste por alumno en la pública le cuesta al Estado unos 5000 € mientras que en la concertada es de 2500 (el 50 %). Al respecto puede consultarse la página http://educalab.es/-/cuentas-y-cuentos-el-gasto-por-alumno. Por otro lado, cuándo se habla de fraude al contribuyente, ¿a qué se refieren? Porque yo soy contribuyente, y considero mucho mayor fraude que obliguen a mis hijos a educarse en el centro que el estado dictamine, contraviniendo con ello el mencionado artículo 27 de la constitución, que que se gestionen mal los recursos. Por otra parte, sí considero un fraude que se gestionen mal los recursos: es un fraude que se construyan centros públicos donde no son necesarios por tener satisfecha la demanda social con centros concertados, y es un fraude destinar dinero a una educación no demanda por la sociedad. Si la enseñanza concertada no la quisiera la sociedad, sería un fraude destinar a ella fondos públicos, pero… ¡eso no es así! Es obligación de unos poderes públicos atenerse a las leyes y estas dictaminan, a Dios gracias, que el estado debe garantizar la pluralidad educativa, lo que a mí, como demócrata convencido, me llena de tranquilidad.

Recuerdo nítidamente, pese a los más de diez años que han transcurrido, el momento terrible de solicitar una plaza en el centro al que acuden mis hijos. Para mí no fue especialmente traumático, pues al ser trabajador del centro, contaba con un buen colchón de puntos. Pero para la mayoría de los padres fue un momento angustioso. Tristemente, muchos no pudieron escolarizar a sus hijos en el centro de su elección y tuvieron que optar por otras posibilidades, algunas de las cuales eran colegios públicos. Incluso sé de algunos amigos míos que al final ni siquiera lo intentaron, pues pese a estar muy interesados, sabían que no tendrían los puntos suficientes. Esta llamada "demanda social", lejos de decaer, se ha mantenido. Las clases de cuarto de la ESO del presente curso tienen muchos alumnos (yo fui tutor de una de ellas el año pasado), y aproximadamente unos 35 alumnos podrían verse obligados a cambiar de centro pese a querer seguir estudiando aquí si las alegaciones que se presentan ahora no surten efecto. La verdad es que tengo esperanzas de que sí surtan efecto pues la señora Mónica Oltra afirmó que "ningún niño que haya empezado en un concertado tendrá que cambiar de colegio" y éste colegio, señora Oltra, finaliza su educación en segundo de bachillerato.

Ni que decir tiene que ni en sueños se me ocurriría pedir la eliminación del modelo público pues creo que da un servicio fundamental a la sociedad. Es más, creo que no deberíamos plantear una disyuntiva en términos de o pública o concertada, pues considero ambas opciones complementarias y totalmente necesarias. Para mí tal disyuntiva no es más que una manipulación creada por intereses partidistas provocados por una polarización excesiva de la política española. Habría que aunar fuerzas y tanto los profesionales de un tipo de educación como los de la otra deberíamos exigir a nuestros políticos una mejor gestión de los recursos, haciéndoles huir de planteamientos ideológicos y sectarios, por un lado, o impidiéndoles dilapidar el dinero disponible a manos llenas en proyectos de importancia, cuando menos, secundaria, pues la educación supone el futuro de nuestro país y tiene una importancia principal.