Jordi Navarrete, senador por Castellón de Compromís. EPDAEl senador por Castelló de Compromís, Jordi Navarrete, ha urgido al nuevo Gobierno que adopte medidas claras y decididas de cara a mejorar la situación de las cárceles valencianas, en especial la de Picassent y la apertura de la cárcel cuya construcción sigue paralizada en Siete Aguas. Según las cifras que arroja un informe solicitado por la coalición al Gobierno, la disminución de la población reclusa que se ha dado en el conjunto del Estado (-10%) no se está viendo trasladada a la prisión de Picassent (València), una situación que supone llover sobre mojado en un recinto penitenciario con problemas de seguridad y problemático.
Navarrete ha recordado las quejas que los sindicatos han presentado sobre el número de internos, la imposibilidad de hacer nuevas obras en Picassent y el elevado número de internos en tránsito de otras autonomías y que no salen en las estadísticas oficiales, ya que "València ingresa muchos presos por los altos índices de delincuencia como tercera ciudad del Estado y como base de los movimientos con las Islas Baleares y entre Cataluña y Andalucía, que pasan por València. Si Instituciones Penitenciarias quiere concentrar en València internos de la máxima peligrosidad se debería reconocer, compensar y, por lo tanto, reforzar la seguridad y el personal sin más demoras", ha indicado.
La coalición ha recordado la petición del Defensor del Pueblo de cierre del módulo de primeros grados por las deficientes instalaciones de Picassent. A día de hoy Picassent alberga más de 2.000 internos y tiene dos módulos cerrados por pequeñas obras. Si se abrieran contaría en 2.300 presos, lo que implica una bajada insignificante. Según Navarrete, "Picassent precisaría ser reconvertida en una prisión tipo, automatizada para los internos más peligrosos pues la situación de tener que movilizar a la Guardia Civil para mover por dentro de la cárcel a un interno es inaudita en España y su estructura interna no es para nada recomendable ni minimiza los conflictos, sino que los genera y complica la intervención cuando es necesaria". La coalición denunció recientemente la situación sanitaria de las prisiones del Estado y en especial de las valencianas. Picassent cuenta con un médico para 2.500 internos, con una prisión con una estructura en tres edificios separados. "Por eso pedimos a este nuevo Gobierno que sea más sensible y la dinámica temeraria de los últimos años acabe" algo que, a juicio del senador valencianista, "pasa por reformas en Picassent para acabar con las deficiencias, una bajada en el número de internos peligrosos y la apertura de Siete Aguas, que se encuentra en la actualidad paralizada a pesar de haber ejecutado el 16,2% del total de la inversión, presupuestada en 89,1 millones de euros".
