Vista general de la Ciudad de la Justicia de València. EFE-Ana Escobar-Archivo
El grupo parlamentario Compromís ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley en la que insta el Gobierno central a mantener la actual ordenación de la planta judicial en cuanto a los juzgados específicos contra la violencia de género para "garantizar una distribución territorial de proximidad".
Del, mismo modo, reclama que se amplíe el número de juzgados especializados para garantizar la comarcalización de los juzgados de violencia de género, informa Compromís en un comunicado.
Según ha explicado la diputada Mònica Àlvaro, el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, mediante el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial ha presentado una reordenación de la planta judicial de todo el Estado.
Dicha reordenación, advierte Àlvaro, afecta notablemente a varias comarcas de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a València propone una concentración de los once juzgados contra la violencia de género a cinco, haciendo desaparecer la presencia de este tribunal de localidades como Xàtiva, Quart de Poblet, Carlet, Moncada, Catarroja y Picassent.
En cuanto a las comarcas del sur, la propuesta impacta sobre Benidorm, Alicante y Elche, lo cual no solo afecta a las personas que viven en estas localidades, sino también a los municipios del alrededor que dependen de estos juzgados.
"Una reorganización que busca combatir la sobrecarga de los juzgados pero que tiene como consecuencia alejar a las víctimas del recurso judicial. Todo esto dificulta unas situaciones que ya son muy complicadas para las víctimas; las mujeres y sus hijos e hijas", ha añadido Àlvaro.
Desde Compromís se destaca que esta reorganización va en dirección contraria de aquello especificado en el informe de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana de 2022 donde se señala la necesidad de más juzgados penales especializados en violencia de género para facilitar la especialización de los jueces penales.
Asimismo, hay que destacar en este mismo informe, la valoración positiva que se hace en relación a las unidades forenses de valoración integral de violencia sobre la mujer (UFVI), al señalar que el hecho de haber comarcalizado cuatro de estas unidades fuera de la capital tiene como consecuencia una reducción de los tiempos de trabajo de los juzgados.
Para Àlvaro "todas las evidencias constatan que lo que quiere acometer el Ministerio es un error" ya que defiende que "acercar los servicios judiciales relativos a la violencia de género mejora la eficacia de los mismos, así como la atención de las víctimas, lo cual resulta fundamental para garantizar que se lleve a cabo el procedimiento judicial de la mejor manera posible para las víctimas. Reclamamos una rectificación".
