Conflictos de intereses en la solución de las Inundaciones en La Pobla de Vallbona

Cuando en un problema público intervienen como actores varias administraciones públicas del mismo nivel, el análisis, las alternativas, las herramientas y la implementación, se convierte en un entramado sumamente complicado a la hora de identificar claramente el origen del problema, los procedimientos son lentos y costosos a la hora de tomar decisiones que benefician o perjudican a distintas administraciones, ya que a su vez estas administraciones buscan objetivos propios para el mismo problema, todo el proceso se produce con distintos actores en su ámbito de actuación, que no son reconocidos o conocidos por la otra administración implicada, son claramente objetivos de proceso, ya que buscan identificar en primer lugar las consecuencias de la implementación de la política pública, antes que identificar claramente el problema público concreto.

Un ejemplo de esta situación de conflictos de intereses, es un problema público que afecta a los Ayuntamientos de L´eliana, La Pobla de Vallbona y San Antonio de Benagéber en el Camp del Turia, un problema de inundaciones en la zona limítrofe de los tres términos municipales.

Con el boom urbanístico la proliferación de zonas residenciales en el municipio de La Pobla de Vallbona en Valencia, fue tan espectacular que el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2004 preveía que una población de 6.000 habitantes se convirtiera en una población cercana a 90.000 habitantes, prácticamente todo el término municipal fue reconvertido en el nuevo PGOU a terreno urbano, proliferaron zonas residenciales diseminadas por todo el territorio municipal sin ningún estudio inicial aparente de aguas pluviales.

En una zona donde confluyen estos tres términos municipales, cada municipio ordeno su territorio de acuerdo a su programación particular, sin entender que pudiera afectar al municipio colindante, toda esa confluencia de políticas públicas pensadas por y para sus propios intereses urbanísticos, tuvo un grave perjuicio para quien no tomo las medidas necesaria de acondicionamiento urbanístico, justo en la calle donde confluyen los tres términos municipales, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber no cedió en su PGOU, la necesaria anchura de calle, siendo solamente el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona quien cedió el terreno para la construcción de la calle, quedando una calle de tan solo 3 metros de ancho, coincidiendo además que esa misma calle es la que se encuentra en la zona más baja de una población de cerca de 4.000 habitantes donde desaguan todos esas viviendas y cuando llueve toda el agua pluvial va a para a esa calle ya que no se efectuaron colectores pluviales en ninguna zona residencial, es por esto por lo que los habitantes de los dos municipios afectados, cada vez que llueve con intensidad que suele ser todos los años ven inundadas sus casas y sus hogares, los cuales resignados han optado por pactar con la administración local ayudas personales de mitigación del problema, antes que intentar una solución global mediante una verdadera política pública, este mismo año se han inundado las casas con peligro de vidas humanas, varios vehículos y personas fueron arrastradas por las aguas que provenían de toda la zona residencial, lo cual fue noticia en todos los medios de comunicación.

En las últimas inundaciones el problema también ha afectado al municipio de L´eliana por la insuficiencia del colector que llega a su término municipal y ha provocado también inundaciones en su municipio y ahora por primera vez, parece que las administraciones van a comenzar a incluir en su agenda el problema público.

Una política pública coordinada entre distintas administraciones que debería haber sido asumida por todas ellas y que no ha sido realizada hasta el momento, la administración competente para el colector que cruza la CV-35, la Generalitat Valenciana lleva años haciendo oídos sordos a un problema público muy grave, sin embargo las administraciones sí que cobran mensualmente la tasa de alcantarillado en el recibo del agua, así como el canon autonómico, siendo estos casi más caros que el propio consumo, es hora ya después de 15 años, de que una vez por todas las administraciones públicas se pongan a trabajar conjuntamente y solucionen este problema público, por el bien de los ciudadanos, sus bienes y sus vidas.