La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. EPDALa portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha destacado que los valencianos "no merecemos un gobierno provincial contaminado por la presunta corrupción de PSPV y Compromís".
Mari Carmen Contelles se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el pleno de investidura de Toni Gaspar como presidente de la Diputación.
Contelles ha planteado al nuevo presidente una serie de cuestiones que Gaspar no ha contestado: "¿Avala la legalidad de los contratos de alta dirección de Divalterra que se investigan en el marco de la Operación Alquería?, ¿conocía la existencia de los informes que cuestionaban la legalidad de los mencionados contratos?", se ha preguntado la portavoz popular, quien ha recordado que como miembro del Consejo de Administración de la empresa pública, Gaspar votó a favor de dichos nombramientos.
Asimismo, se ha referido al anuncio de cierre de Divalterra que avanzó la semana pasada la vicepresidenta de la corporación provincial, María José Amigó. En este sentido, ha preguntado al nuevo presidente si está de acuerdo con el cierre la empresa "porque parece que es el peaje que ha tenido que asumir para poder ser presidente de la Diputación durante diez meses. Es el precio para amarrar sus despachos en esta institución".
En este sentido, ha incidido en que "los 700 trabajadores de la empresa no pueden pagar las irregularidades que presuntamente han cometido algunos miembros del equipo de gobierno y los responsables nombrados por PSPV y Compromís.Los trabajadoresno son los culpables.Son los damnificados.Damnificados por sus políticas, sus decisiones, sus despilfarrosy sus enchufes".
"Divalterra no hay que cerrarla. Hay que reforzarla. Y para eso hay que apartar a quienes cometen irregularidades y gestionarla correctamente, porque realiza una función muy importante para los municipios de la provincia de Valencia".
Mari Carmen Contelles ha cuestionado la credibilidad del gobierno que conforman PSPV, Compromís, Esquerra Unida y Valencia en Comú: "Está agotada", ha remarcado. "10 meses antes de finalizar la legislatura y después dehaber visto en el calabozo a su presidente y a sus más estrechos colaboradores, quienes controlaban los resortes del equipo de gobierno,no estánlegitimadospara solicitar la confianzadenadie".
"Ahora mismo lo único legítimo por su parte seríapedir perdón a los valencianos y dejar pasoa una nueva etapa en la Diputación de Valencia –ha continuado-.Esto no es una nueva oportunidad, esprolongar un final irremediablemente cierto: los valencianos les volverán a mandar a la oposición en unos meses".
En este punto, la dirigente popular ha recordado que, además de la instrucción bajo secreto de sumario del caso que derivó en la detención de Jorge Rodríguez, la Audiencia Nacional y diversos juzgados de Madrid, Gandia o Benidorm investigan si los sobrecostes en la construcción de desaladoras, las campañas del Ministerio de Vivienda en 2009, la adjudicación de los opinómetros en Benidorm o un presunto fraude en subvenciones en la etapa de Orengo como alcalde de Gandia sirvieron para financiar ilegalmente al PSPV y a BLOC-Compromís.
"Esta es su herencia. Esta es su gestión.Este es su dopaje.Esta es la gran decepción y fracaso que los valencianos no van a olvidar", ha concluido.
