El sindicato CSI·F pide al Estado que asigne 900 plazas a la provincia de Valencia para reforzar los servicios públicos de Administración General. La central sindical calcula que esa cifra corresponde a los efectivos que han perdido las plantillas de organismos como CHJ, INSS o Instituciones Penitenciarias en los últimos siete años debido a la escasa reposición de personal sobre todo por jubilación y a los recortes continuos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) considera "fundamental" que el Estado reponga el personal que se ha perdido en los últimos siete años debido a los recortes de plantilla. El sindicato plantea que en la Oferta Pública de Empleo anunciada se contemple la convocatoria de estas plazas para recuperar la calidad de unos servicios públicos deteriorados por la pérdida constante de efectivos.
El sindicato ha realizado un recuento por organismos que dependen de Administración General del Estado en la provincia de Valencia. Ha cifrado las plazas perdidas en 900. De ellas, 160 corresponden a Instituciones Penitenciarias, 100 al Ministerio de Defensa, otras 100 al Instituto Nacional de la Seguridad Social, 100 más al Servicio Público de Empleo Estatal, otro centenar a Tesorería General de la Seguridad Social y 80 a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La central sindical recoge también el descenso en 50 plazas de la plantilla de Inspección de Trabajo; en 40, del Instituto Nacional de Estadística; en otras tantas de Catastro y tramitación de DNI y pasaporte; en 50, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); en 30, de Extranjería; en 20, de la Dirección General de Tráfico o en 10 del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
El sindicato resume que mientras en 2010 la plantilla de la Administración General del Estado superaba los 8.600 empleados públicos, en la actualidad apenas alcanza los 7.700. Por ese motivo urge al Gobierno a incluir en la Oferta Pública de Empleo las 900 plazas que precisa la provincia de Valencia para recuperar la dotación de que disponía hace siete años y poder ofrecer el servicio con la calidad que merecen los ciudadanos.
