Agentes de la Policía Nacional custodian la entrada de la empresa pública Divalterra el día que fue detenido el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez. EFE-Archivo
En un informe incorporado al sumario del caso Alquería, al que ha tenido acceso EFE, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ve supuestamente fraudulenta la contratación de siete altos cargos en esta empresa pública, que llegó a tener, en el inicio de la presente legislatura, hasta diez directivos "que no fueron nombrados ni ratificados por el consejo de administración", y cuya incorporación careció de informes técnicos o presupuestarios.
Por estos hechos están investigados el alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez; su ex jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El citado informe de la UDEF, con fecha del 28 de junio pasado, explica que la investigación tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, cuyos responsables en Valencia fueron informados de las supuestas irregularidades por los entonces responsable de Derecho Público y director Económico-Financiero de Divalterra.
Los siete contratos supuestamente fraudulentos se realizaron para dirigir las áreas de Turismo, Promoción Económica, Medio Ambiente, Administración General, Regeneración de Zonas Verdes, Estudios y Planificación Estratégica y Gestión Forestal.
A juicio de los agentes que han investigado el caso, estas contrataciones "parecen realizarse bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público".
Se conseguía así, "independientemente de la capacitación personal de los contratados, la vinculación a la sociedad de personas adscritas o vinculadas a los dos partidos políticos que gobiernan en la Diputación, Compromís y PSOE", añaden los investigadores.
Estas contrataciones, que fueron "directas y partidistas", habrían supuesto un coste aproximado de dos millones de euros al final de la presente legislatura, según los cálculos de la UDEF.
Según el relato que exponen los agentes en su informe, Jorge Cuerda fue nombrado por el presidente para ejercer el control del consejo de administración de Divalterra, mientras Reguart y Gallego, "con conocimiento y autorización del presidente de la Diputación y a través de Brines y Simón, hicieron caso omiso a las vulneraciones legales expresadas en distintos informes jurídicos".
Ambos "presionaron a los técnicos e incluso les amenazaron con despidos y represalias en caso de no acceder a lo solicitado", en referencia a informes favorables a esas contrataciones.
"Ante la negativa de los técnicos, el propio Cuerda emitió un informe para tratar de acreditar la legalidad de las contrataciones, un informe del que se conocen dos versiones, un borrador y otra definitiva, ambas sin firmar", detalla la UDEF.
En la búsqueda del encaje legal de esas contrataciones, Rodríguez "otorgó nuevos poderes" a las funciones que supuestamente debían desarrollar los nuevos contratados.
Y lo hizo "como forma de conseguir la adecuación legal de su incorporación como personal de alta dirección", concluyen los investigadores, que hacen referencia al "clima de presión sobre el personal técnico y laboral de Divalterra".
