La jueza sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado mediante un auto la formación de una nueva pieza separada, la K, en el marco del llamado 'caso Imelsa', para investigar supuestas irregularidades en contrataciones de los ayuntamientos de Requena y Enguera durante el año 2013 por servicios que presuntamente no fueron prestados.
La instructora entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
En esta nueva causa, derivada de la pieza D -que se sigue por las presuntas irregularidades en la adjudicación con cargo al presupuesto de Imelsa de un servicio denominado 'call center' a la empresa Servimun- tienen la condición de investigadas un total de diez personas.
Entre estos investigados figuran el exalcalde de Requena Javier B.R. y el actual primer edil del municipio, Mario Sánchez, así como los exalcaldes de Enguera Santiago A.LL. y Óscar M.P.
Las diligencias se dirigen también contra la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Enguera, un asesor y un funcionario de la Diputación de Valencia y tres empresarios: el administrador de Servimun y los administradores de la firma Técnicas Legales Administrativas (TLA).
En el caso del Ayuntamiento de Requena, la investigación se centra en el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a TLA, en contra del informe de la interventora municipal, por trabajos de los que no existe constancia en ningún expediente administrativo.
Igualmente, el juzgado investiga la adjudicación a Servimun por el procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de 50.000 euros por el que el Consistorio acabó pagando, entre 2015 y 2016, facturas por un total de 178.000 euros, "sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados", según se recoge en el auto.
Por lo que respecta al Ayuntamiento de Enguera, la instructora aprecia que existen indicios para investigar a un exalcalde por adjudicar un contrato en abril de 2013 y a la entonces secretaria municipal, que emitió un informe favorable a esa contratación.
El Consistorio, ya con otro alcalde al frente, acabó pagando en agosto de 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun, por un concepto diferente al inicial del contrato: la regularización de un camping de la localidad.
En esas presuntas irregularidades habrían intervenido, de acuerdo con la resolución judicial, un asesor del entonces presidente de la Diputación de Valencia y un funcionario de la citada institución.
