El Caso Brugal arrastra por la basura al ex presidente de la Diputación de Alicante (PP), al ex portavoz socialista y a la ex alcaldesa de Orihuela (PP)

El Juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela (Alicante), que instruye la pieza separada número 10 del "Caso Brugal" ha procesado a 14 personas por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Entre los catorce procesados se encuentra el expresidente de la Diputación Alicante, José Joaquín Ripoll, y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ambos del PP. La instructora procesa también al exportavoz del Partido Socialista en la Diputación alicantina, Antonio Amorós, y a varios técnicos y empresarios.

El auto de procedimiento abreviado notificado hoy a las partes pone fin a una instrucción de más de 8 años y deja el caso preparado para el juicio. La juez concluye que existen indicios de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias ,revelación de secretos y negociación prohibida.

La instructora concluye que "de las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios que contaron con "la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante", para "obtener favores" de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada, "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana".

La juez archiva la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados.

Con este auto la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos. En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.