El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; el conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler; y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo, han firmado hoy un convenio de colaboración en materia de auxilio, colaboración y apoyo mutuo en los procedimientos de investigación penal relacionados con el régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat Valenciana.
El convenio se suscribe ante la constatación de que el adecuado cumplimiento de las funciones constitucionalmente asignadas a los órganos judiciales y al Ministerio Fiscal pueden exigir de un apoyo objetivo para el que sean necesarios conocimientos técnicos o prácticos en parcelas alejadas de la tradicional formación de jueces y fiscales y de que, en los últimos años, se ha venido produciendo un aumento de las necesidades de colaboración y apoyo a la Administración de Justicia en temas relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat.
AsÃ, las actuaciones de auxilio y colaboración por parte de la Intervención General de la Generalitat Valenciana podrán consistir en la aportación de datos, antecedentes o informes que obren en su poder por haber sido obtenidos o elaborados en el ejercicio de sus competencias o funciones; en la elaboración de informes técnicos relacionados con la actividad económico-financiera del sector público de la Generalitat; en el asesoramiento técnico en esta materia; y en la celebración de reuniones informativas, aclaratorias o de coordinación.
Además, el convenio señala que las partes adoptarán las medidas precisas para que los Juzgados y Tribunales y el Ministerio Fiscal facilitarán a la Intervención General de la Generalitat cuantos datos de trascendencia en la aplicación del control de la gestión económico-financiera de subvenciones del sector público se desprendan de las actuaciones judiciales de las que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales, y siempre con estricta observancia de las normas sobre procedimiento y protección de datos de carácter personal.
