Reunión del pleno del Consell en Vinaròs. EPDAEl
pleno del Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley de la Función
Pública Valenciana elaborado por la Conselleria de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
La norma tiene como ejes la transparencia, la independencia de
los empleados públicos asà como su profesionalidad, además de incentivar
la participación ciudadana y conseguir la máxima eficiencia que permita
reducir los gastos de tiempo y dinero en los trámites administrativos.
El anteproyecto de ley, diseñado para solventar los problemas
detectados por una comisión de expertos constituida en marzo de 2016,
también contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y
mujeres recogidas en el llamado "Libro violeta de la Función Pública
Valenciana", elaborado por representantes del mundo universitario y
expertos en perspectiva de género.
Además, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la
última ley de Función Pública (2010) y las modificaciones realizadas en
la legislación estatal, era conveniente crear un nuevo marco jurÃdico
con rango de ley.
El anteproyecto se estructura en siete ámbitos de actuación que
afectan a la organización de la Administración de la Generalitat; el
régimen para el personal de las administraciones públicas; la estructura
y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los
derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y
movilidad de los trabajadores y las polÃticas para garantizar la
igualdad de sexos.
El
texto refuerza las competencias de la conselleria competente en materia
de Función Pública para impulsar, dirigir y controlar toda la polÃtica
de personal de la misma.
En este sentido, se creará la Comissió Intersectorial de
l'Ocupació Pública que será un órgano colegiado de coordinación entre la
conselleria competente en Función Pública y los órganos gestores del
personal de Sanidad, Educación y Justicia, asà como del sector público
instrumental de la Generalitat.
Para ello, cobrará especial relevancia la función del Instituto
Valenciano de Administración Pública (IVAP) que se convertirá en la
Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP).
Este organismo, que tendrá rango de Dirección General, será
quien garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de los
procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat.
La
norma que ha aprobado el Consell conforma un modelo de dirección
pública profesional en la que los puestos directivos de las
administraciones públicas podrán ser provistos, bien por su propio
personal funcionario o laboral o bien por profesionales externos bajo
las circunstancias que se contemplan en la ley.
Además, el anteproyecto incluye también una novedad importante
respecto a la selección del personal funcionario interino ya que sólo
podrán inscribirse en las diferentes bolsas de trabajo quienes hayan
aprobado al menos una prueba del proceso selectivo al que aspiren.
El
anteproyecto de ley incluye una drástica reducción del número de
cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de
los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la
actualidad a un total de 76.
Para flexibilizar y agilizar la gestión, además, se introducen
las denominadas "agrupaciones de puestos de trabajo" que incluye la
posibilidad de establecer agrupaciones funcionariales en determinados
ámbitos atendiendo a los puestos de trabajo que realizan tareas
similares.
Esto permitirá racionalizar la gestión de los procesos de
selección al favorecer la polivalencia funcionarial y facilitar la
movilidad interna y la carrera profesional. Precisamente por este
motivo, la nueva ley desvincula la provisión de puestos de la
pertenencia a un cuerpo o escala, de tal modo que los puestos quedan
abiertos a todo el personal que reúna los requisitos para poder
desempeñarlo.
En todo caso, las relaciones de puestos de trabajo incluirán la
competencia lingüÃstica requerida en el conocimiento del valenciano que
se establezca en el futuro reglamento de desarrollo de la nueva ley.
Acceso a la Función Pública
La nueva norma
obliga a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en
trabajar en ella. Por ese motivo, se reducen considerablemente los
plazos de los procesos de selección del personal.
De esta manera, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas
en el plazo de un año a contar desde la convocatoria. Además, la ley
incluye la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al
empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes
que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la
preparación de las pruebas selectivas.
El anteproyecto mantiene también la reserva de un cupo no
inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas con
personas con diversidad funcional.
Por lo que se refiere a la prórroga de la edad de jubilación
hasta los 70 años como máximo, esta posibilidad será un derecho para
todos los trabajadores públicos que no hayan completado los años de
cotización necesarios para poder recibir el cien por cien de la pensión.
En los otros casos, esta opción se condicionará por las necesidades de
cada servicio.
Derechos y deberes del personal empleado públicos
El
anteproyecto incluye medidas para luchar contra la corrupción y que
consisten en un régimen de protección del personal empleado público que,
de buena fe, formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o
cualquier tipo de irregularidad en actuaciones de altos cargos o
personal de la Administración.
AsÃ, el procedimiento establece que se mantendrá en secreto la
identidad de la persona que formule la alerta o denuncia, asà como la
prohibición de cualquier represalia. Ya en el ámbito de la formación, la
nueva ley reconocerá el derecho del personal a la orientación y
asesoramiento profesional para avanzar en el curso de su carrera.
Provisión de puestos y movilidad
El
anteproyecto establece que, como norma general, el concurso especÃfico
será la manera en la que se proveerán las jefaturas de servicio o
puestos de nivel equivalente, salvo aquellos que, por sus especiales
caracterÃsticas, deban proveerse por el sistema de libre designación.
De esta forma, al menos el 50 por ciento de las plazas de cada
Oferta Pública de Empleo será de turno libre. Además, para acceder a las
bolsas de trabajo, los aspirantes tendrán que haber superado, al menos,
una prueba del proceso de selección al que se hayan presentado.
Perspectiva de género
El anteproyecto de ley incorpora una serie de medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
Entre ellas, se establece que se propicie un uso no sexista del
lenguaje y la importancia de las medidas acordadas en los Planes de
Igualdad que están en marcha en el seno de la Generalitat.
En todo caso, la ley recogerá la prohibición de la
discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales,
tanto en la retribución como en la formación y, en general, apostando
por la conciliación desde la corresponsabilidad.
Para fomentar este último concepto, el permiso de paternidad se
ampliará en dos semanas (de cuatro a seis) que se tendrán que disfrutar
en las dos semanas inmediatamente posteriores al nacimiento,
acogimiento o adopción.
Además, el anteproyecto establece que no se podrá producir la
remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo
durante el embarazo o disfrutando de una situación de permiso de
maternidad o paternidad. Esta previsión será también de aplicación a las
vÃctimas de violencia de género.
Respecto a esta última materia, el anteproyecto se establece
que cuando la empleada pública afectada por un caso de esta naturaleza
reduzca su jornada en un 30 por ciento o menos para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social, sus retribuciones se
mantendrán Ãntegras.
Además, la nueva normativa también está orientada a facilitar
que las empleadas vÃctimas de violencia de género tengan más fácil la
movilidad geográfica y con otras administraciones públicas en el caso de
que lo precisaran.
