El Consell llama a la sociedad civil a la cohesión en defensa de un trato justo en los Presupuestos Generales del Estado

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha trasladado el llamamiento a la cohesión de la sociedad civil valenciana en defensa de un trato justo de la Comunitat Valenciana en los Presupuestos Generales del Estado.

Oltra ha explicado que esta cohesión social debe materializarse a través de una postura común de todos aquellos que firmaron el Manifiesto por una Financiación Justa, que fue suscrito por partidos políticos, agentes sociales y económicos, universidades, municipios; un acuerdo sobre el que hay unanimidad en defensa de una financiación justa, inversiones de acuerdo al peso poblacional y la regularización de la deuda derivada de la infrafinanciación.

"Todos ellos están llamados a convocar la cohesión del pueblo valenciano para evidenciar que no estamos de acuerdo con lo que está pasando", ha destacado. Por ello, les ha emplazado a unirse y decidir, de común acuerdo, "cómo hacer visible esta cohesión en torno a la defensa de la dignidad valenciana y un trato justo".
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En este sentido, Oltra ha asegurado que el reparto de inversiones entre las diferentes comunidades autónomas "es por donde se rompe España. No se rompe por la periferia sino que se rompe por el centro, por unos Presupuestos Generales del Estado que realizan un reparto arbitrario y que asignan 119 millones de euros a los valencianos mientras dan 405 a Castilla-León, 341 a Galicia o 124 a Navarra; que reparten 138 millones a Andalucía y 280 a Extremadura".

Así, ha señalado que los valencianos y valencianas "exigimos no ser ciudadanos de segunda y que las inversiones en nuestro territorio tengan un trato justo. Queremos que éstas estén de acuerdo con nuestro peso poblacional y si somos cinco millones de habitantes, que es el 11% de la población española, recibamos este porcentaje de inversión, no el 6,9% que nos asignan".

"Asimismo, -ha añadido- exigimos que las diferencias entre unos territorios y otros no sean tan abismales, que las inversiones no sean arbitrarias, porque el Gobierno de España está todavía por explicar por qué hay comunidades autónomas que reciben tres o cuatro veces más inversión que la nuestra; que nos digan en qué se basan estas diferencias".

Con todo ello, la vicepresidenta ha trasladado el clima de "profundo enfado que existe en la Comunitat, porque esto no tiene explicación, es una injusticia y es un arbitrariedad, que está prohibida por la Constitución Española. Parece ser que en los Presupuestos Generales del Estado el gobierno de España nos excluye en las inversiones que necesitamos y esto es una broma de mal gusto que no estamos dispuestos a tolerar".

Comparación entre presupuestos y ejecución real

Para Mónica Oltra el problema añadido "no es solo que durante años hemos estado a la cola, sino también en las diferencias de inversión que tenemos con otras autonomías, que son en algunos casos de más de 250 euros por habitante. Aquí hay una arbitrariedad que no se explica, un trato injusto con esta comunidad que no está justificado, que no se entiende y que además se ha dado durante años. No ha habido ni un solo ejercicio en que las inversiones del estado en la Comunitat Valenciana se hayan igualado a nuestro peso poblacional, y encima después ejecutan la mitad de ese presupuesto".

En esta línea, ha criticado la propuesta que ha realizado el ministro de Hacienda para que se comparasen los presupuestos con la inversión real ejecutada en el anterior ejercicio, y ha asegurado que "la única comparación que haremos es con lo que tendríamos que recibir, que es un 11% de inversiones del Estado y punto. No podemos aceptar cada tijeretazo que nos da Montoro, porque le das el meñique y se toma hasta el hombro".

"Ni aceptamos el presupuesto del año pasado, ni que se nos quitara la mitad ni que comparemos presupuestos con ejecución. Somos cinco millones de españoles que recibimos un trato injusto. Lo único que compararemos son los presupuestos con los derechos de los valencianos porque esto no es ya negociable, no vale ya la burla del Gobierno de España", ha concluido.