Imagen de archivo de la residencia de ancianos Domus de Alcoy (Alicante). EFELa vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado este viernes de que la Conselleria de Igualdad y PolÃticas Inclusivas abrió, en noviembre de 2019, un proceso sancionador contra la residencia de ancianos Domus VI de Alcoy por faltas graves, que está en su fase final.
Oltra ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que también se está analizando la actuación de los responsables de la residencia durante la pandemia por la covid-19, ya que en este centro han fallecido 73 personas, más de la mitad de los usuarios, y ante los informes de la Conselleria de Sanidad que advierten de "posibles negligencias graves".
Estos informes, ha explicado, "están ahora en manos de la inspección de la Conselleria de Igualdad para averiguar todo lo que ha pasado" y qué ha podido determinar que "esta residencia se vaya tanto de la media del resto de residencias afectadas por la covid".
Sobre la intención de la Generalitat de revertir la residencia a la gestión pública, la vicepresidenta ha indicado que esta medida parte de una moción aprobada por el Ayuntamiento de Alcoy.
El consistorio trasladó esta petición a la Generalitat, propietaria del edificio en el que se encuentra la residencia, que según ha explicado fue cedido "a dedo" por el exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco a la empresa que la gestiona, con una concesión de uso por 45 años, lo que supone "once legislaturas".
"El patrimonio de todos los valencianos lo tenemos cedido en uso a una empresa dos generaciones, sin contrapartida", tan solo la de unas obras de reparación que "obviamente están ampliamente amortizadas", ha lamentado.
El convenio que se firmó con la empresa -ha precisado- no prevé su "rescisión" o "resolución" de la concesión por "incumplimiento".
Por ello, Oltra ha anunciado que la Generalitat va a estudiar si ese convenio de origen "es lesivo para la Administración" pública porque supone "hipotecar un bien público". EFE
