El vicepresidente segundo del Consell y conseller de vivienda y arquitectura bioclimática, Rubén Martínez Dalmau. EFEEl Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP contra el decreto-ley para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto.
Así consta en una providencia hecha pública este miércoles, en la que el Tribunal ordena dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, así como a Les Corts Valencianes y al Consell para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha manifestado su "satisfacción" por este trámite procesal y ha asegurado que este decreto ley es "innecesario" y supone "un ejercicio más del sectarismo de la izquierda" y de su intención de "intervenir en la economía".
En un rueda de prensa, ha destacado que en tres meses hay "5.000 operaciones de compraventa de inmuebles paralizadas esperando la contestación de la Conselleria" de Vivienda, algo que para la dirigente del PP es "una barbaridad" en estos momentos "de tanta dificultad económica".
Para Bonig, este decreto "es inconstitucional, no da seguridad jurídica y es una cortina de humo para tapar la nefasta política en materia de vivienda pública del gobierno del Botànic, especialmente de Podemos".
Ha destacado que todas estas compraventas que están paralizadas no son de fondos buitre sino de particulares, la inmensa mayoría, que pagan sus impuestos, gracias los cuales "se puede pagar a los médicos o a las enfermeras".
"Ojo con cargarnos la economía", ha advertido la presidenta regional del PP, para quien este decreto es "un claro ejemplo de cargarse la economía para nada, por controlar".
