Un furgón de la Guardia Civil transporta detenidos a la cárcel por el caso AzudLa fiscalía pide tres años de prisión por un posible fraude en el IVA cometido en un PAI urbanístico en Villajoyosa (Alicante) para el constructor Jaume Febrer, eje central en otra investigación penal, la del caso Azud, que recientemente le llevó a prisión a él mismo y también al exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSOE) y al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP).
La investigación relativa al Programa de Actuación Integrada (PAI) de Villajoyosa es diferente del citado caso Azud, pero se acumula en el historial penal de una misma persona, el empresario de la construcción que, según los indicios investigados, pagó comisiones a altos cargos municipales a cambio de concesiones públicas o acceso a recalificaciones de suelo.
En este caso las sospechas van en otra dirección, y el delito cometido consistiría, en caso de probarse, en haberse deducido ante Hacienda facturas de pago de IVA que no le correspondían, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.
En el caso Azud, además de Febrer, Rubio y Grau, hay otros dos empresarios encarcelados: Joaquín P.R. y Mónica M.G. La jueza encargada de la investigación decidió su prisión provisional, comunicada y sin fianza "al apreciar riesgo de destrucción de pruebas".
Fuentes de la investigación informaron a EFE de que la prisión y el secreto sumarial que pesa sobre la causa, se mantendrán lo imprescindible, y es probable que se levanten en los próximos meses.
En el caso Azud se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La instrucción nació en 2017, aunque no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín. Sin embargo, el proceso adquirió una nueva dimensión tras los registros practicados en las oficinas del grupo CVC Axis (Construcciones Valencia Constitución), propiedad del empresario Jaume Febrer.
El Grupo CVC Axis, que estuvo legalmente administrado por un familiar del empresario detenido, está en concurso de acreedores desde septiembre de 2020 y ha tenido un máximo de dos empleados en los últimos años.
En el despacho de esta firma se halló documentación que ha permitido llegar hasta el que fue "número dos" en los sucesivos gobiernos de Barberá, Alfonso Grau, y también al durante muchos años figura clave de la oposición, el socialista Rafael Rubio.
Según explicaron a EFE fuentes judiciales, la documentación hallada en las oficinas de esta constructora, junto con los dietarios intervenidos a Febrer, muy detallados en sus anotaciones, son la clave de bóveda con la que se ha logrado determinar el verdadero alcance de una red supuestamente corrupta, que se servía de contactos políticos para allanar operaciones inmobiliarias.
Fue el rastro de la actividad de Corbín, que ejerció como supuesto mediador, el que ha llevado a los investigadores hasta el entorno político más cercano de la entonces alcaldesa y también hacia los empresarios implicados.
