El juicio contra los cinco técnicos del Ayuntamiento de Sagunt ha tenido lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. Los cinco técnicos están procesados por comprar productos personales de 2007 a 2014 a cargo del Consistorio. Forma parte de la pieza separada de la 'Operación Flotador'. Según consta en el auto del Juzgado número 4 de Sagunt, ''cargaban al presupuesto del Ayuntamiento a través de la presentación de facturas falsas, ocultando la verdadera naturaleza de los objetos adquiridos simulando ser ropa de trabajo''.
Según se recoge en los hechos, las facturas que emitían las tiendas de ropa que realizaban cargos al Ayuntamiento, se correspondían a "comercios en los que se venden trajes de vestir, ropa y artículos deportivos de marca", por lo que no se correspondía con la "adecuada ropa de trabajo que la corporación debe facilitar" a sus trabajadores.
En las facturas emitidas aparecen artículos en los que no se concretan los artículos comprados, sino únicamente la referencia a conceptos genéricos como "vestimenta de caballero para el servicio de inspección o suministro de equipamiento". Según se denuncia, en los tickets se observan artículos de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deporte y calzado deportivo de varios números. En las facturas también aparece material armamentístico como "munición y carabinas" y equipamiento deportivo y escolar, como "mochilas de colegio de las marcas Adidas y Reebok" y una "bolsa de deporte de la marca Adidas".
El auto afirma que "existen indicios más que suficientes para imputar" a los implicados "por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental".
En su día, cuando salió la noticia, Crispín afirmó a El Periódico de Aquí que "nadie ha cometido ninguna irregularidad". La instructora investiga al ex jefe del Servicio de la Inspección Técnica de Actividades, ahora concejal socialista, y a cuatro técnicos de este departamento por el uso irregular que durante varios años habrían dado a la partida de 300 euros que anualmente perciben para renovar su uniforme laboral, un hecho que fuentes próximas a éstos aseguran que ''se ha hecho todo siempre acorde a la ley'', como se hacía ''en otros departamentos''.
La operación policial ha sido desarrollada por la UDEF de la Policía Nacional bajo la coordinación de la titular de Sagunto 4, que investiga si los cinco funcionarios destinaron el dinero público percibido entre 2007 y 2014 a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías. En este sentido, Crispín explicó en su momento que el convenio de relaciones laborales del Ayuntamiento de Sagunt contempla la dotación de 300 euros cada dos años, "y no anualmente como dice el TSJCV, para todos los inspectores de Urbanismo y Actividades en compensación por el desgaste de la ropa, ya que visitas obras con ropa de calle y te puedes romper un pantalón o enganchar y romper la ropa, y se gastaron debidamente", ha apuntado el ahora edil socialista. Esta práctica se lleva a cabo, según ha afirmado Crispín, desde el año 2004 "cuando el ahora alcalde de Sagunt, Quico Fernández, era concejal de Urbanismo, y decidió en aquel entonces autorizar a los cinco inspectores de Urbanismo dar unos 300 euros cada dos años para gastar en concepto de ropa en la tienda Armería y Deportes Peña del municipio". Anteriormente, según detalla Crispín, "íbamos a una sastrería donde recuerdo que nos hicieron dos trajes a medida". "No entiendo dónde están las irregularidades", ha matizado Paco Crispín.
Para Crispín, este caso es "una injusticia, ya que no nos han querido informar de nada y luego publican a través de una nota de prensa de lo que nos acusan". "Es un intento de alguien de intentar arrojar polémica a este departamento, pero seguro que todo va a quedar en un malentendido. Esperamos que la justicia haga bien su trabajo", matiza Crispín.
La causa, abierta por un delito de malversación, es una pieza separada de la "Operación Flotador", que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos en varias áreas del Consistorio saguntino y en la concesión de licencias urbanísticas. Esta parte en concreto se inició a causa de la denuncia del ex edil de Transparencia, Sergio Moreno, quien evidenció presuntas irregularidades en la gestión de estas facturas.
