El ex interventor del Consorcio de Museos de Valencia y cabecilla de la 'trama de las asesorías' junto al ex secretario de Canet, condenado a dos años de cárcel por malversación y 7 años de inhabilitación por prevaricación

El ex interventor del Consorcio de Museos de Valencia de la Generalitat Valenciana, Rafael Parra Mateu, y cabecilla de la 'trama de las asesorías' junto al ex secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, ha sido condenado a dos años de cárcel por malversación y 7 años de inhabilitación por prevaricación. Ambos habían montado un entramado para sacar dinero de administraciones públicas por trabajos no realizados, en lo que es uno de los mayores casos de corrupción de la Comunitat Valenciana protagonizados por dos funcionarios. En esta sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de Aquí -una de las piezas de la conocida como 'trama de las asesorías- ha sido absuelto el que fuera director general de Cambio Climático, Jorge Lamparero, pero junto a Parra Mateu ha sido condenado también Francisco Seguro Sobrino por los mismos delitos y a las mismas penas. Además, al que fuera administrador único de Asesores Económicos Públicos -con la que se hacían informes falsos-, Rafael Parra, no podrá ''ejercer funciones de asesoramiento mercantil o económico de cualquier clase ante las administraciones públicas'' mientras dure la condena.

En los hechos probados de la sentencia se establece el 'modus operandi' para prevaricar. Para desarrollar la ley 2/2006, de 5 mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Camarero encargó una ''relación de actividades'' dos años y medio después de entrar en vigor la ley. Para ello, se encargó a Asesores Económicos Públicos, siendo administrador único hasta 2011 el tal Rafael Parra, entonces interventor del Consorcio de Museos, para lo cual previamente Francisco Segura, a órdenes de Lamparero, realizó una memoria justificando la necesidad de realizar un estudio previo y detallado sobre ''Perspectivas de la Administración Local en Desarrollo de la Ley''. Ahí se resolvió contratar con la empresa de Parra Mateu y, como consecuencia, se generó la factura 44/2008 de fecha 14 de octubre de 2008, abonándose 12.000 euros por orden de Lamparero. Posteriormente, se encargó un contrato menor, el 15 de abril de 2009, ''con la misma dinámica''. En este caso, ''para dar veracidad a la licitación'', se pidió oferta a Intercontrol, Asesores Económicos Públicos y la Academia Valenciana de Juristas ''controlada enteramente por un tal Sancho Sempere, amibo y socio o colaborador del acusado Parra, que presentó una oferta utilizando un sello de un ex trabajador y firmando una tercera persona desconocida''. ''Las tres ofertas eran idénticas, siendo adjudicado el contrato'' a la empresa de Parra. Pese a tener ocho meses de plazo, en uno ya estaba hecho el supuesto informe y se abonó la factura 29/2009 por importe de 20.416 euros ''sin que Parra aportase trabajo alguno que justificase la factura''. De hecho, la firma de Parra ''absolutamente incapaz de realizar el catálogo tuvo que subcontatar a la entidad ingeniera Intercontrol''. Aquí no queda la cosa, sino que el robo a la administración pública siguió con otra factura, la 32/2009, por 8.152 euros, que se pagó ''a pesar de no entregarse documento alguno por Parra'' y, por último, el 12 de enero de 2019 se abonó la factura 1/2010 por 8.151 euros ''sin que se encuentre soporte alguno de los trabajos ni nadie los haya visto, ni siquera un power point que se dice que se realizó'', recoge literalmente la sentencia.