El Senador de Compromís, Carles Mulet, exponía en una de sus múltiple preguntas-denuncia, que el Gobierno explicara su posicionamiento, después de alertar de los efectos de este tratado,
Así, Mulet remarcaba que en 2013, la Comisión Europea recibió el mandato e los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (conocido como TTIP por sus siglas en inglés), presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU reduciendo no solo las barreras arancelarias (cuyo nivel es ya muy bajo), sino, sobre todo, las barreras no arancelarias, con el objetivo de la creación de empleo, el crecimiento económico y la mejora de la competitividad.
Desde entonces, la UE y EEUU están negociando, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo), un amplio acuerdo de liberalización del comercio y las inversiones que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dichos inversores con los Estados, un tribunal especial de arbitraje se encargaría de resolverlos de acuerdo con la cláusula de "Resolución de conflictos Inversor-Estado" (ISDS en inglés).
Este tribunal tendría competencias para imponer compensaciones económicas de los Estados a los inversores extranjeros, siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (p. ej. el aumento de estándares medioambientales o sanitarios) que reduzcan sus beneficios presentes o futuros. El Estado no podría en este caso recurrir la sentencia, ya que las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser cuestionadas. Esto significa, de hecho, limitar la capacidad de las Administraciones Públicas de cualquier nivel (estatal, autonómico o municipal), para adoptar políticas en las áreas de salud pública, medio ambiente o protección social y laboral por temor a las posibles indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente al ser demandados por las ETN.
Asimismo, el TTIP instaura la creación de un ente permanente llamado Organismo de Cooperación Reguladora que supervisará todas las regulaciones y actos normativos de la UE y sus Estados miembros, incluidos los gobiernos a nivel central y local, concernientes a lo estipulado en cualquiera de los capítulos del TTIP, dando acceso directo a los lobbies empresariales para influir y modificar en su beneficio la legislación actual y futura. La cooperación reguladora, tal como se pretende establecer en el TTIP, tendría como consecuencia que cualquier iniciativa reglamentaria municipal (p. ej. elaboración de las ordenanzas reguladoras de los polígonos industriales que incluyan criterios de sostenibilidad en el marco de las Agendas 21 Locales) podría cuestionarse por las ETN, debiendo pasar un filtro coste-beneficio y una evaluación de impacto comercial para poder aprobarse, lo que en la práctica llevaría a su bloqueo en la mayoría de los casos. Además, las posibles remunicipalizaciones de servicios privatizados por gobiernos anteriores devendrían prácticamente imposibles. Este tratado supondría la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones.
El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local. Esta mayor liberalización de las relaciones comerciales EEUU-UE, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y estadounidenses, es decir, de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que dichas regulaciones se enfrentan a los beneficios de las corporaciones.
De esta manera se pondría fin al "principio de precaución" vigente en Europa, el cual regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso del Estado español, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno estatal de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local pretende tres objetivos básicos: - Restringir la democracia y la autonomía local. - La supresión de competencias y servicios públicos locales. - La total privatización de los servicios municipales. Las ciudades y los municipios europeos reconocemos la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP y similares (CETA, TISA).
Asimismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en cuenta en cualquier negociación comercial bilateral o multilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en EEUU. Los gobiernos regionales de la UE, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español, tienen derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a escala europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan expresar sus opiniones.
Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP Las Administraciones Locales: ¿ al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que se pretende con el TTIP, así como un deber de respuesta al mismo, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro. ¿ siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común. ¿ están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y medioambientales, y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos sin que su inocuidad esté comprobada científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratado con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio de la técnica del fracking. Las colectividades locales pretenden ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este tratado, y la suerte que correrían los servicios y compras públicos en caso de implantarse. Por lo anteriormente expuesto, las colectividades locales quieren poner de manifiesto que:
¿ el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas transnacionales?
¿ la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es también la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia?
¿ la apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del capital privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, calidad y coste?
¿ los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado?
¿ sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia?
¿ el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales Por todo ello se pregunta ¿Piensa el Gobierno posicionarse en contra del TTIP?
En relación con la pregunta de referencia, cabe informar a Su Señoría que el Gobierno apoya plenamente las negociaciones para la firma del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea al ser nuestro país uno de sus principales beneficiarios potenciales. Algunos estudios han cuantificado que, de llegar a concretarse el TTIP, España sería el cuarto país de los incluidos en la negociación que más puestos de trabajo crearía y el cuarto país en el que más se incrementaría la renta per cápita a largo plazo.
