El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE- Javier Lizón
El Gobierno ha decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems y denegará a esta compañía el permiso de importación de este material a España «por razones de interés general».
Fuentes del Ejecutivo han explicado que tras haber agotado todas las vías negociadoras, Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda que encabeza Yolanda Díaz y los ministerios competentes han decidido rescindir el polémico contrato, que había abierto una crisis con los socios de Sumar.
La Abogacía del Estado y los ministerios afectados ya están estudiando la respuesta a posibles reacciones legales y reclamaciones, añaden las fuentes.
Ayer mismo, el Ministerio del Interior explicó que, aunque meses atrás había afirmado que iba a rescindir el contrato, había decidido mantenerlo porque su anulación supondría «abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado», que era «necesario».
El contrato, cuya formalización ha publicado precisamente hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), suponía la adquisición por 6,6 millones de euros de 15,3 millones de balas, en concreto cartuchería 9 x 19 milímetros Parabellum Nato para la Guardia Civil.
Interior apuntó que la decisión de seguir con la compra se había tomado siguiendo la recomendación de la Abogacía del Estado, que aconsejó no rescindir el contrato dado el coste que podría suponer ante el avanzado estado de tramitación, aunque no concretó cuál era ese coste.
Desde el Gobierno subrayan que los partidos de la coalición están «firmemente comprometidos con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio» y que, por eso, desde el 7 de octubre de 2023, el día de los atentados de Hamás en Israel, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes.
«Ni lo hará en el futuro», aseguran las fuentes, que recuerdan que los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean de armamento no se van a ejecutar.
La líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, ha celebrado la rescisión del contrato de «la vergüenza» y se ha atribuido haber conseguido la revocación del acuerdo.
«Hemos sido claras desde el principio y lo hemos hecho», ha subrayado la vicepresidenta segunda del Gobierno en las redes sociales al afirmar que España no puede comprar ni vender armamento a empresas israelíes: «nuestro compromiso con los derechos humanos es inamovible».
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien ayer advirtió que por «ese aro no pasarían» e incluso su portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, llegó a plantear la ruptura con el Ejecutivo, ha señalado este jueves que el contrato se podía rescindir «y así se ha hecho».
De esta manera, ha afirmado que la actitud de su formación para impedir esta «atropelia» ha sido fundamental para que el Gobierno echara marcha atrás.
Poco antes de que se hiciera pública la decisión, desde el ala socialista del Gobierno ya se aseguraba que se esperaba encontrar este mismo jueves una fórmula que permitiera no hacer efectivo el contrato de compra.
La solución tiene dos pasos: la Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato.
Reconocían en Moncloa que la fórmula no era fácil, pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía la determinación de arreglar lo sucedido y de que no prosperara el contrato.
Las fuentes de la parte socialista del Gobierno afirman entender la sensibilidad de Sumar con este asunto y recalcan que en ningún momento ha estado en riesgo la coalición y que hay que respetar la posición que pueda tener cada partido.
Algunas de las críticas que han llegado por parte de dirigentes de Sumar las enmarcan además en el hecho de que la polémica por este contrato viera la luz el día después de que Sánchez anunciara un plan que permitirá a España llegar este mismo año a un 2 % de su PIB en gasto en defensa.
Un plan que garantizan que conocían los miembros de Sumar que forman parte del Gobierno con anterioridad a su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado martes. En esa reunión, los ministros de Sumar manifestaron su rechazo a la parte del plan que implica la compra de armamento y que supone cerca del 19 % de los 10.471 millones de euros.
