El Grupo Parlamentario
La propuesta se ha planteado a través de una Proposición No de Ley de Urgencia registrada por las diputadas María José Ferrer San-Segundo, Portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, y la Portavoz Adjunta María José Catalá. San-Segundo ha afirmado que la Justicia "es un servicio público esencial, cuyo buen funcionamiento tiene efectos, no sólo en los ciudadanos directamente afectados por cada actuación judicial, sino también en el desarrollo socio-económico". Y, "al tiempo", ha añadido, es "un derecho fundamental con protección constitucional".
San-Segundo, Doctora en Derecho que ha ejercido la abogacía durante 30 años, ha declarado que "todos los profesionales del Derecho somos conscientes de las carencias del sistema y el déficit de modernización acumulado secularmente en España respecto a este servicio público en comparación con otros", y ha indicado que para mejorar y avanzar "se requiere de una actuación integral que implique a toda la sociedad, en especial a todos los que intervienen, participan o colaboran en que se administre e imparta Justicia".
Para la diputada popular las políticas públicas "deben tener como objetivo preferente y permanente" establecer los mecanismos necesarios para que la sociedad pueda contar con una Justicia "ágil, acertada, comprensible, cercana, accesible, atenta, tecnológica, coordinada, eficaz, avanzada, amable, social y de calidad", y la Mesa de la Justicia "es un instrumento, de conocimiento y proximidad, para conseguir estos objetivos". Materias como la digitalización, el expediente electrónico, la interconexión, los recursos materiales y humanos o la adecuada valoración del Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, entre muchas otras, requieren una actuación intensa e inmediata.
San-Segundo ha explicado que para la creación de la Mesa de la Justicia se ha propuesto integrar a jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y otros empleados públicos, sindicatos, así como los profesionales y colectivos que intervienen en la misma -especialmente abogados, procuradores y graduados sociales-, y representantes de los grupos parlamentarios en Les Corts "para la coordinación en la acción legislativa". Sin olvidar a la sociedad, en la que se encuentran los justiciables, para lo que el Grupo Popular plantea "establecer mecanismos de participación activa".
Asimismo, el órgano deberá contar con un Reglamento de funcionamiento y organización, dotación presupuestaria para alcanzar sus objetivos, un calendario de actuación y sistema evaluación del cumplimiento, debiendo también "implementar la coordinación con el Gobierno de España y el CGPJ, con competencias compartidas en la materia".
"Es necesario -ha señalado la diputada Ferrer San-Segundo- situar a la Justicia en el lugar que merece, y le corresponde, entre los servicios públicos y derechos fundamentales de primera magnitud".
