Carlos Mazón en el día de su investidura en Les Corts como president de la Generalitat, tras ganar su formación las elecciones autonómicas. EFE-Kai Försterling
La elecciones autonómicas que dieron la vuelta al tablero político valenciano, con el relevo de un Consell de izquierdas por uno de PP y Vox que ha tomado impulso los últimos dos meses con la tramitación de cinco leyes, entre ellas la llamada "de concordia", cumplen su primer aniversario este martes.
Los comicios autonómicos de 2023 pusieron fin a ocho años del Gobierno de coalición del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) gracias a la victoria del PP de Carlos Mazón, quien se convirtió en el séptimo president de la Generalitat tras cerrar el primer acuerdo postelectoral de gobierno con Vox en España.
Los primeros compases de la legislatura se centraron en reducir la estructura del Consell (con menos Consellerias, altos cargos y asesores) e impulsar una reforma fiscal que comenzó con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y siguió con nuevas deducciones en los primeros presupuestos autonómicos de PP-Vox.
Pero el punto de inflexión de esta undécima legislatura lo marca el 21 de marzo pasado, cuando PP y Vox registraron en Les Corts Valencianes cinco proposiciones de ley para "impulsar la agenda reformista" y que suponen una enmienda de totalidad a normas del Botànic sobre la memoria democrática o el plurilingüismo.
La más polémica es la que han denominado "de concordia", que sustituye la ley valenciana de memoria democrática por una que abarca desde la primera república española hasta la actualidad y que para la oposición es un "blanqueamiento del franquismo", cuyo siguiente trámite se hará después de las elecciones europeas.
La previsión es que este paquete legislativo que va a marcar la hoja de ruta de los próximos meses del Consell, y que afecta también a la radiotelevisión pública o la Agencia Antifraude, se apruebe en julio, tras lo que se podrán presentar los recursos judiciales anunciados por una oposición que las califica de "involucionistas".
Uno de los reproches de la oposición es que con estas normas el PP asume las tesis de Vox, partido con el que se han evidenciado algunas diferencias, como la dificultad de algunos de sus cargos institucionales para llamar dictador a Franco cuando Mazón no ha tenido problema en calificarlo así, o votaciones por separado en Les Corts, donde el PP no ha respaldado las iniciativas de sus socios sobre inmigración "ilegal".
Vox, que preside Les Corts gracias al pacto de gobierno, ha sido el responsable de la eliminación del premio Guillem Agulló contra los delitos de odio que daba la Cámara, donde la pancarta de las concentraciones contra crímenes machistas ya no habla de violencia machista, sino de violencia contra las mujeres, y donde se ha colgado la bandera LGTBI con su oposición.
En estos doce meses, otras medidas del Consell han sido asumir la reversión al sistema público de la gestión del hospital de Manises -aprobada por el anterior Gobierno y ratificada por este-, con lo que solo queda pivatizado el de Elche-Vinalopó, y "revalencianizar" los criterios lingüísticos de sus comunicaciones.
También se han dado pasos en el diálogo social, se ha firmado un acuerdo sobre función pública para la legislatura y se ha aprobado un plan para reducir la burocracia administrativa, mientras que el Consell acaba de afrontar su primera huelga, protagonizada por el sector educativo.
Por el despacho del president ha pasado la nueva líder del PSPV-PSOE, Diana Morant -quien en febrero sucedió a Ximo Puig al frente del principal partido de la oposición-, para pedirle que rompa con Vox, y aunque en un principio no quiso hacerlo el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en los últimos días se ha mostrado dispuesto a acudir al Palau para hablar de financiación.
