El juez instructor del conocido como caso Alquería, en el que está investigado el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, ha cuestionado las nuevas testificales propuestas por éste y ha pedido a su defensa que explique los motivos por los que interesa su declaración.
En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia rechaza también las comparecencias de los autores de sendos informes aportados por las defensas por considerar "superflua" su participación, ya que los informes constan como admitidos y ya son conocidos por las partes.
El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia solicitó al juzgado el pasado mes de septiembre que citase a declarar en calidad de testigos al exportavoz socialista en la Corporación provincial José Manuel Orengo y otros cargos del PSPV-PSOE y de Compromís.
Entre ellos figuraban la actual secretaria autonómica de Eficiencia Energética y exalcaldesa de Moncada, Concha Andrés; el ex diputado provincial y ex portavoz socialista Pablo Seguí; la vicepresidenta de la Diputación Maria Josep Amigó (Compromís), el diputado de Compromís Xavier Rius y los exdiputados de esta formación Emili Altur y Josep Bort.
La intención de la defensa de Rodríguez, según explicaron fuentes del caso a EFE, era la de tratar de acreditar que la contratación de supuestos "enchufados" en la empresa pública Divalterra se hicieron para sustituir a un número todavía mayor de directivos de la empresa pública Imelsa (posteriormente Divalterra) que fueron cesados cuando cambió el Gobierno de la corporación provincial.
En la misma providencia el juez informa a las partes de que la UDEF ya ha examinado los dispositivos electrónicos intervenidos a los investigados, así como a los incautados en la sociedad Divalterra y en la Diputación, y ordena su devolución.
Por otra parte, rechaza el sobresemiento y archivo de las actuaciones reclamado por Salvador Femenía y Pau Pérez Lledó, dos de los supuestos "enchufados", que constan en la causa como investigados.
En el conocido como caso Alquería se investiga, además de a Jorge Rodríguez, a un total de 16 personas, entre ellos nueve supuestos "enchufados" vinculados al PSPV y Compromís.
También a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.