Enfrentamientos entre los asistentes a la manifestación del 9 dOctubre de 2017. EFE-Biel Aliño-Archivo
El juicio por las agresiones durante la manifestación del 9 d'Octubre de 2017 ya tiene fecha de inicio: será el próximo 25 de septiembre, casi seis años después de los hechos, y se juzgará a 28 personas acusadas de atentar contra el derecho de manifestación, agresiones y pertenencia a organizaciones violentas.
Así lo han anunciado este martes desde Acció Cultural del Pais Valencià, que ejerce la acusación en representación de la Comissió 9 d'Octubre en este proceso, que tiene origen en las agresiones y amenazas que protagonizó un grupo de ultras que trató de reventar la manifestación vespertina de la Comissió 9 d'Octubre.
Algunos de los investigados accedieron por la tarde a la plaza de San Agustín de València, tradicional lugar de inicio de esa marcha reivindicativa de izquierdas, en aparente formación, coreando cánticos y gritos y, en algunos casos, realizando el saludo fascista, según se refleja en el auto de procesamiento.
Los investigados lograron romper los cordones de seguridad establecidos por las fuerzas de seguridad y acorralaron y agredieron a varios manifestantes y a periodistas, y Acció Cultural reclama en algunos casos penas de entre cinco y once años de prisión.
Muchos de los encausados formaban parte de la extinta Peña Yomus, de aficionados ultra del Valencia CF, y exhibían simbología neonazi y de extrema derecha.
Entre ellos también figura un locutor de televisión y de radio que en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación.
"A pesar del tiempo transcurrido, no hemos desistido de la defensa de los derechos democráticos fundamentales ante los individuos violentos", han destacado desde la organización, y han celebrado la identificación de los 28 acusados, algo que han considerado "un éxito" teniendo en cuenta "la tradicional impunidad de la que se ha beneficiado la extrema derecha" en la Comunitat.
La acusación particular presentó hace meses su escrito de acusación, en el que pedía condenas para los agresores, acusados de delitos de desórdenes públicos, amenazas, daños, coacciones, lesiones, vulneración del derecho de manifestación, delito de odio e integración en grupo criminal.
Asimismo, han considerado que existen los agravantes de abuso de superioridad y de discriminación ideológica y, en algunos casos, de reincidencia.
Además de las penas de prisión, han solicitado para los acusados la pena accesoria de prohibición de aproximación a una distancia de 300 metros del domicilio de las entidades integrantes de la Comissió 9 d'Octubre y de las manifestaciones y actos que convoquen por un plazo de dos años más que la duración de la condena.
"De momento, haber conseguido la imputación de 28 extremistas violentos es ya un paso en la buena dirección", han considerado desde Acció Cultural, y han concluido que "su condena será el necesario mensaje de compromiso de la justicia con la democracia y los derechos, y de absoluto rechazo social de la violencia".
