El Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia, el llamado juzgado para cláusulas suelo, ha recibido en los primeros 15 días de funcionamiento 300 demandas relativas a litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Se trata de demandas por cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
El juzgado, creado el 1 de junio, aunque en el caso de Valencia no echó a andar de manera efectiva hasta el día 6, cuenta con un juez en prácticas, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y cinco funcionarios: dos gestores, dos tramitadores y un auxilio.
La cifra de 300 demandas registradas en 15 días supone que de mantenerse el ritmo de entrada de causas, en un mes se alcanzará el límite de 900 que fijó el Consejo General del Poder Judicial a partir del cual habría que reforzar el Juzgado. "Las estadísticas nos dicen que, de seguir así, y es previsible que el ritmo de entrada de asuntos no sólo se mantengan sino que vaya en aumento, sería necesario reforzar el juzgado a mediados de julio, mes y medio después de su puesta en funcionamiento", señala el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer.
Según Viguer, "si en 15 días han entrado 300 asuntos; en mes y medio alcanzaríamos los 900, que es la cifra que estableció el Consejo para que se incorporara al Juzgado un segundo juez y cinco funcionarios".
El Juzgado especializado para las cláusulas suelo en Valencia, el 25 bis, ha recibido en una semana el triple de juicios ordinarios que el resto de los 22 Juzgados de Primera Instancia de la capital juntos. Así, mientras el 25 bis registró 300 demandas, en los otros 22 juzgados entraron, en conjunto, 96 demandas por juicios ordinarios.
Este tipo de procedimiento, el juicio ordinario, es aquel en el que se dilucidan pleitos por reclamaciones superiores a 6.000 euros: indemnizaciones por accidentes de tráfico, preferentes, acciones y otros productos financieros complejos, vicios constructivos, incumplimientos contractuales, demandas contra el derecho al honor y otros derechos fundamentales, arrendamientos…
Los presidente de las Audiencias Provinciales de toda España reunidos la pasada semana en León, acordaron solicitar al CGPJ la aprobación de un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las Audiencias Provinciales ante la proliferación esperada de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación obliga
En las conclusiones de esas jornadas, "se considera que el refuerzo debe recaer en las Secciones a las que la ley atribuye el conocimiento de las anteriores materias, sin que este reparto exclusivo compense con otros asuntos de distinta naturaleza atribuidos al conocimiento de las demás Secciones de la misma Audiencia Provincial, en forma similar al plan de urgencia aprobado para los órganos unipersonales. En su defecto, el CGPJ debería fijar como criterio orientativo, el porcentaje de compensación que a cada asunto de tal naturaleza le corresponda en el reparto con otros distintos".
