La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó. EFE- Archivo
Gascó ha señalado, en un comunicado, que el grupo parlamentario popular "está estudiando emprender las correspondientes acciones judiciales para defender al sector y a las familias perjudicadas",
Ha denunciado que "la mala planificación y el poco interés" del conseller de Educación, Vicent Marzà, han provocado "el caos en el bono infantil", pero ha considerado que "la gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación de la resolución definitiva denegando, de forma masiva, las alegaciones presentadas para paliar los errores informáticos cometidos por Educación".
"Una vez más se demuestra que a los botánicos les va muy grande la gestión porque su prioridad no son las personas, sino la imposición de su modelo educativo", ha manifestado Gascó.
La portavoz de Educación del PP ha indicado que este curso "Marzà ha decidido rescindir el contrato que tenía con la empresa gestora para gestionar las ayudas del bono-infantil y la propia Conselleria ha asumido toda la tramitación provocando un error generalizado".
Ha afirmado que el nuevo modelo ha sido "desastroso", ya que por una parte, la nueva situación ha provocado que aumente la carga de trabajo de gestión en los directores de centros, pues "el talonario lo sustituye un pdf que se generará todos los meses con el consiguiente caos para lograr la firma de los padres cada mes".
Pero lo más grave, a su juicio, es que "en el periodo de alegaciones abierto en septiembre, más de 3.000 familias tuvieron que aportar nuevos datos, dado lo farragoso de la tramitación" y más del 90 % de las solicitudes (2.754) han sido denegadas "sin dar razón y sin revisar la documentación aportada excusándose en pérdidas de documentación y saturación en el correo electrónico de bono-infantil".
Gascó ha asegurado que los centros se encuentran "en un estado de caos e indefensión total por la mala gestión de la propia Conselleria que ha perjudicado a miles de familias sin dar explicaciones".
"Ante todo esto es más que evidente la posible prevaricación administrativa del director general, por denegar ayudas sabiendo que sí se cumplían los criterios para su concesión", ha asegurado.
