El PP propone que la Diputación financie la sustitución de amianto en instalaciones municipales
Contelles: "Esperamos que el equipo de gobierno comandado por Rodríguez se sume a esta propuesta"
REDACCIÓN - 15/07/2017
El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha presentado una moción para que la administración provincial realice un exhaustivo estudio e inventario de las instalaciones públicas municipales de la provincia que aún contienen entre sus materiales de construcción amianto.
Además propone que la Diputación ponga en marcha un plan económico dirigido a los ayuntamientos que todavía cuenten con instalaciones municipales con amianto para proceder a su sustitución.
La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha señalado "esperamos que el equipo de gobierno comandado por Rodríguez se sume a esta propuesta el próximo martes en el pleno y muestre la misma celeridad en atender esta necesidad que la que ha demostrado para plegarse a las demandas del Conseller Marzà y destinar siete millones de euros para cambiar puertas y ventanas de los colegios".
"Desde nuestro grupo consideramos urgente que se cree por parte de la Diputación, un plan específico para la eliminación del amianto en los edificios municipales, ya que la Diputación puede y debe ayudar a los municipios a la erradicación total de este peligroso material para la Salud Pública" ha destacado Contelles.
Los populares en su moción recuerdan que el amianto o asbesto es un mineral de origen metamórfico compuesto de fibras de átomos de sílice y algunos metales como el magnesio, el manganeso o el hierro.
Conocido popularmente como fibrocemento fue un material de construcción frecuentemente utilizado en nuestro país hasta mediados de los años 80, cuando definitivamente se demostró que las fibras de este material eran altamente cancerígenas, pudiendo originar diversos tipos de cánceres de pulmón y pleura, así como un tipo de fibrosis pulmonar conocida como asbestosis.
Desde entonces, su prohibición ha sido gradual y en España quedó vetado definitivamente su empleo en cualquier forma o producto en 2002. A fecha de hoy todavía existen edificios públicos como instalaciones deportivas o centros escolares entre otros, que contienen amianto.
