La presidenta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha informado este viernes de que va a recurrir la absolución del director general de Política Lingüística por un supuesto delito de falsedad del que solo su partido le acusaba, en contra del criterio del fiscal.
En un comunicado, Ortiz ha subrayado que "vamos a llegar hasta el fondo del asunto para desenmascarar la trama de los hermanos Puig y sus socios".
Estas declaraciones han sido realizadas por la diputada popular tras conocer la sentencia absolutoria de la Audiencia por falsedad documental contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.
El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en un acto administrativo, cuando en abril de 2018 afirmó en una resolución que se había hecho el control correspondiente de las ayudas dadas en 2015 y 2016 a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, vinculadas al hermano del president Ximo Puig (un asunto que se investiga en otro juzgado) y que no había evidencias de irregularidades.
Por el contrario, el tribunal, según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ve "acreditado que se realizó la comprobación administrativa de la concesión de la subvención en cada una de sus fases (solicitud, justificación y pago) y la comprobación material se realizó en el trámite de justificación en el que además de la documentación correspondiente se aportó el disco duro".
En este sentido, Eva Ortiz ha anunciado que vamos a recurrir la sentencia y ha recordado que "este alto cargo de la Conselleria de Educación sigue imputado por malversación, prevaricación y fraude en subvención pública en el juzgado número 4".
La diputada popular ha manifestado que "nuestro objetivo es llegar al fondo de la cuestión y saber por qué las empresas del hermano del president y sus socios han estado justificando con las mismas facturas las subvenciones que han recibido tanto de la Generalitat Valenciana, gobernada por Puig, como de la Generalitat de Cataluña".
Así, Eva Ortiz ha afirmado que "en la actualidad esta causa (Instrucción 4) ha sido calificada como compleja por el juzgado y la Guardia Civil ha solicitado más documentación tanto de las cuentas como de los alquileres justificativos a las empresas implicadas".