El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en una imagen de archivo. EFE-Biel AliñoEl presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha sido citado a declarar como testigo en la causa penal sobre la gestión de la dana el próximo 19 de septiembre.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada de la Plaza Número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye esta causa penal, ha citado también como testigos a un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el 10 de septiembre, y un técnico forestal del propio Consorcio el 3 de octubre.
Por otra parte, la instructora ha vuelto a rechazar la citación como investigada en la causa de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que había pedido la acusación popular que ejerce el partido Valores.
En tres autos y una diligencia de ordenación, la jueza rechaza las peticiones realizadas por el letrado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso para la citación de los guardias civiles que elaboraron el informe sobre la cronología de los desbordamientos.
Además, ordena la apertura de una pieza separada para determinar la procedencia de sanción al letrado de Argüeso -José María Bueno-, por el contenido de un escrito presentado al juzgado en el que denunciaba la posible injerencia en la causa del marido de la instructora, también juez, acompañado de unos fotogramas extraídos de una declaración a través de videoconferencia.
"Hay que recordar a los letrados que uno de los fundamentos del Estado de Derecho, reconocido constitucionalmente, es la independencia e inamovilidad de jueces y magistrados, así como el juez ordinario predeterminado por la ley. Los jueces no se eligen por las partes", señala la jueza, que recuerda las quejas interpuestas contra ella a través del Consejo General del Poder Judicial.
Sobre las peticiones de prueba solicitadas por el letrado de Argüeso, la instructora apunta: "Pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, que dirige interrogatorios y dicta resoluciones. Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional".
"Se pretende convertir por el letrado Bueno este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos", añade.
Además, considera que el letrado de Argüeso "es conocedor de que los fotogramas que están circulando jamás pueden corresponder a la grabación de la declaración, de testigos, dado que ninguna es facilitada a las partes".
"Uno de los letrados que participó telemáticamente vía webex en la declaración continuó utilizando el sistema, tras la declaración de varios testigos, grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la sala, no solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la sala en dicho día, tras la práctica de la declaración. Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante", remarca la jueza.
