La portavoz de Política Social del grupo socialista en Les Corts, Concha Andrés, ha instado a la conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, a través de una Proposición No de Ley (PNL), a que "continúe analizando de forma excepcional y con carácter preferente los casos dudosos en los que el PP redujo los grados de discapacidad en el periodo 2012-2013 ante las dudas razonables que se desprenden de dichas evaluaciones y ante las denuncias reiteradas de los afectados". De hecho, la diputada socialista ha recordado que más de una veintena de asociaciones y colectivos vinculados a la discapacidad y la dependencia como el CERMI-CV; la Plataforma Valenciana para la Aplicación de la Ley de la Dependencia; la Plataforma para la Defensa de la Salud Mental Pública; la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia o el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales mantienen actualmente un procedimiento abierto ante la Comisión Europea en tal de que se reconozca la existencia de procedimientos discriminatorios en la evaluación de la discapacidad por parte de los gobiernos del PP durante estos años, por lo que ha instado al actual Consell a que "continúe con la revisión de los casos dudosos para poder darles una respuesta argumentada del porqué de la reducción de los grados".
"La realidad es que fueron miles las personas que vieron sorprendentemente reducido su grado de discapacidad y cambiaron de franjas de discapacidad con lo que, consecuentemente, vieron reducidas sus ayudas y prestaciones", ha señalado la diputada socialista quien ha recordado que el Consell de Ximo Puig ya se comprometió a "enmendar los errores materiales que corresponda" en caso de que las catas realizadas por parte de la Dirección General de Diversidad Funcional detectasen irregularidades en alguno de los expedientes.
"Este gobierno está comprometido como nadie con las personas y especialmente con los dependientes, por lo que no vamos a parar hasta descubrir si el PP redujo por motivos realmente médicos los grados de discapacidad a los afectados o si fue, simplemente, una cuestión económica", ha reiterado la diputada antes de instar a todas aquellas personas con resultado de minoración de grado de discapacidad a reclamar una revisión de sus expedientes ante los órganos competentes.
De hecho, la diputada socialista ha areiterado que el objetivo de esta iniciativa es apostar por la mediación y que las personas afectadas y sus familias puedan resolver las discrepancias existentes por la vía administrativa en tdos los casos que sea posible "y evitar que estos casos se judicialicen como hizo el PP con la dependencia". "Este Gobierno tiene que marcar la diferencia con las formas y las prácticas a las que estaba acostumbrado el PP", ha incicido.
Concha Andrés ha querido reconocer, eso sí, la importante labor desarrollada por la Dirección General de Diversidad Funcional que ya emitió el pasado mes de febrero un informe en el que se detalla que no existen "procedimientos de evaluación discriminatorios, al menos de manera generalizada", pero ha reiterado la necesidad de que la conselleria "continúe con la revisión de los casos del citado periodo 2012-2013 cuyos afectados mantiene discrepancias con la evaluación realizada".
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