"El perjuicio económico que ha supuesto para la Generalitat la inoperancia y falta de puesta en marcha de los mecanismos de compensación asciende a 393 millones de euros e irá aumentando año a año", ha explicado Herick Campos, coordinador de presupuestos del Grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Generales, y ha añadido que "este problema es más grave en zonas turísticas, como es nuestro caso, a lo que se añade que seamos la comunidad autónoma peor financiada de España, por lo que los retrasos tienen consecuencias directas en la capacidad inversora y de preparación de servicios sanitarios".
El grupo socialista ha presentado en las Cortes Generales dos enmiendas a los PGE. Una de ellas insta al Gobierno a aprobar, en un plazo de seis meses, la regulación del Fondo de Garantía Asistencial, mientras que la otra enmienda vuelve a establecer una consignación presupuestaria de 100 millones de euros para el Fondo de Cohesión Sanitaria.
Campos recuerda que, aunque el Fondo de Garantía Asistenical (FOGA) se creó en el año 2012, "las compensaciones por asistencia primaria y recetas de farmacia para desplazados nacionales no se empezaron a hacer efectivas hasta diciembre de 2013, por lo que ha quedado pendiente abonar a la Generalitat 23,1 millones de euros". A esto se le suma que no se esté liquidando el coste de la asistencia a pacientes derivados entre comunidades autónomas con carácter programado, "un pago que debe realizar el Gobierno y que, sólo en 2017, ya asciende a 66,3 millones de euros", ha explicado el dirigente socialista.
Asimismo, dado que en 2013 se eliminó la consignación presupuestaria del Fondo de Cohesión Sanitaria y se estableció un mecanismo de ingresos para el Fondo a través de aportaciones de las CC.AA en función de los pacientes desplazados que trataban cada una, "ha habido retrasos en las liquidaciones lo que ha provocado que la Generalitat dejara de recibir 11,3 millones de euros en 2015 y 4,3 en el año 2016", apunta Campos.
Recuperación del carácter universal de la sanidad pública
El PSOE también ha solicitado que se deroguen todos los artículos del Real Decreto Ley 16/2012, que limitaba el carácter universal de la sanidad, por lo que, de aprobarse, la Generalitat podría dejar de asumir la atención sanitaria universal que garantiza en la Comunitat con sus propios fondos.
En este sentido, Herick Campos ha pedido a Bonig y a los dirigentes del PPCV que dejen de ser "delegados de Génova" en la Comunitat. "Están cambiando cargos por silencio, sino no se entiende que no solo callen, sino que además aplaudan que la Comunitat esté a la cola de la inversión por habitante en España, con un déficit de inversión para 2018 de 334 millones de euros".
