Francisco Correa. --EPDALa Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha convocado, a petición de la Fiscalía, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los 11 condenados en el caso Gürtel por el amaño de contratos de la Generalitat Valenciana en beneficio de las empresas del grupo Correa con motivo de la celebración de varias ediciones de la Feria Internacional de Turismo.
El Tribunal, que ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados ha señalado dos días, el martes y el miércoles, para la celebración de dicha vista en la que las partes podrán solicitar el ingreso en prisión de los condenados aunque la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, no sea firme.
En dicha comparecencia, las partes podrán también solicitar la libertad provisional de los condenados con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas cautelares.
En concreto, el Alto Tribunal Valenciano ha citado a los integrantes del grupo Correa condenados, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero para que comparezcan el próximo martes, 14 de febrero, a partir de las 9.30.
El miércoles, día 15, deberán comparecer la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, el que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret y los funcionarios de la Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau.
El Alto Tribunal Valenciano ha condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados "cabecillas" de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.
La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.
En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.
El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.
Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.
Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.
La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.
