El TSJ rechaza explicaciones de Educación y ordena respetar la suspensión cautelar del decreto plurilingüismo

La Sala, como medida cautelar, ordena a Educación dejar de aplicar ese decreto y volver a la situación anterior a su aprobación y deja sin efecto cualquier decisión acordada al amparo de este decreto suspendido cautelarmente.

El contenido del auto es el siguiente:

"La administración demandada tiene el inexcusable deber de cumplir lo mandado en el Auto citado.

Alega el escrito del letrado de la Generalidad que ya se ha cumplido el mandato de suspensión y se ha paralizado el desarrollo del Decreto y se remite al informa elaborado por la Conselleria de Educación. En ese informe se dice que se han dictado resolucio­nes tendentes a la paralización de lo previsto en el Decreto, pero se llega a decir e insistir que no se retorna a la situación anterior.

SEGUNDO.- El Decreto está suspendido y esa suspensión afecta a la totalidad del mismo y a todo lo que hubiera podido realizarse a su amparo, no sólo a lo posterior a la notificación de los Autos de suspensión.

Todo lo que el Decreto regula debe dejarse sin efecto y retornarse a la legalidad anterior, esto es a los Decretos 127/12 y 234/97, puesto que no puede quedar un vacío legal y debe acudirse a la normativa aplicable hasta ahora, normativa que, conforme a las Disposiciones Transitorias del propio Decreto 9/17, se determinó que siguiera aplicándose hasta la implantación del sistema que regula el Decreto 9/17.

No se trata de aplicar las Disposiciones Transitorias del Decreto 9/17 sino de poner de relieve que el argumento del letrado de la Generalidad de no retorno a la situación anterior no es conforme a derecho puesto que el propio Decreto 9/17 así lo había previsto para la implantación progresiva.

TERCERO.- Cuando se dicta una medida cautelar como ésta no basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalidad, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo, esto es, no se trata de hacer revivir la Disposición Derogatoria del Decreto, como pide que no se haga el letrado de la Generali­dad, sino de impedir un vacío legal, vacío que queda colmado por la legalidad anterior, la cual ha sido contemplada como vigente, precisamente, por el propio Decreto 9/17 al mantenerlas transito­riamente en la D.T. Primera, apartado 4.

No se infringe el art. 71.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa puesto que no se le dice a la Generali­dad Valenciana como tiene que quedar redactado un precepto reglamentario en sustitución del anulado, como se dice por el letrado de la Generalidad, porque no se ha procedido a anular nada sino sólo a dictar una medida cautelar y, además, no se le indica redacción alguna; simplemente, que no cabe ejecución del Decreto 9/17 suspendido y que lo ejecutado debe dejarse sin efecto y como ha de seguir su curso la materia educativa, ha de hacerlo a tenor de la normativa reglamentaria vigente hasta este momento y esa normativa es la de los Decretos 127/12 y 234/97, los cuales son, precisamente, los que el propio Decreto 9/17 preveía como aplicables transitoriamente.

Por último y en lo que a este argumento se refiere, debe recordarse al letrado de la Generalidad que estamos en una medida cautelar, no sentenciando el fondo del recurso.

CUARTO.- En cuanto al principio de seguridad jurídica que se alega por el letrado de la Generalidad y tendente a que debe mantenerse lo resuelto, baste decir que contraria­mente a lo que se alega el mismo sí se vería alterado de no aplicar la normativa anterior desde el inicio y dejar vigente lo resuelto hasta ahora pues no resultaría procedente dejar regulado determinados puntos por el Decreto suspendido y continuar la resolu­ción de todo cuanto sea necesario para el normal desarrollo del sistema educativo por algo que no se sabe bien que es, dado que la Conselleria se niega a aplicar la normativa vigente [pese a que ella misma, se insiste en ello, así lo ha previsto en la D.T. Primera punto 4].

La seguridad jurídica, lo que exige es claridad en la resolu­ción de todo lo pendiente para el inicio del curso escolar en septiem­bre próximo y no un vacío normativo, como se pretende por la Generalidad Valenciana al insistir en mantener lo resuelto en ejecución del Decreto suspendido.

Se insiste en este punto lo antes declarado sobre que estamos en una medida cautelar, además de que no se puede hablar de situaciones administrativas firmes que afecten a terceros puesto que todas han sido dictadas por la Conselleria afectada

QUINTO.- En lo referente a los derechos de terceros, se dice que no pueden verse afectados hasta la publicación en el DOGV de la sentencia que se dicte.

Nada más alejado de la realidad lo que se argumenta en el escrito del letrado de la Generalidad sobre esto pues, de seguir su criterio, las medidas cautelares carecerían de sentido, además de que ese precepto, el apartado 2 del art. 134 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se refiere a las senten­cias y el que se debe aplicar es el apartado 1, relativo a las medidas cautelares.

SEXTO.- Por todo lo expuesto procede desestimar las causas de oposición del letrado de la Generalidad a la ejecución de la medida cautelar adoptada y declarar que lo resuelto por la Conselleria de Educación no es conforme a derecho y la correcta ejecución de los Autos dictados en esta pieza separada de medidas cautelares es la aplicación íntegra de la normativa vigente antes de la publicación del Decreto 9/17.

La Providencia de 14 de julio de 2017, que requería a la administración demandada para la identificación de la autoridad o funcionario responsable del cumplimiento de los Autos dictados, se entiende cumplimentada por el informe acompañado por el letrado de la Generalidad en su escrito de 24 de julio de 2007, presentado ante esta Sala el día 26, esto es, el Secretario Autonómico de Educación e Investigación D. Miguel Soler García que firma el citado informe.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA que la forma en que la administración demandada ejecuta los Autos de medidas cautelares dictados en este recurso no es conforme a derecho, debiendo hacerlo conforme se ordena en la fundamentación de este Auto, mediante la aplicación de la normativa reglamentaria de los Decretos 127/12 y 234/97.

Notifiquese este resolución a la Administración demandada por medio del Sr. Letrado de la Generalidad.

Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe recurso de reposición, que podrá interponerse ante este Tribunal en el plazo de cinco días.

Lo acuerdan, mandan y firman los Srs. Magistrados al principio mencionados".