Eduardo Zaplana. -EPDAEl expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana comparece este jueves en la Audiencia de Valencia junto al resto de procesados en el caso Erial en el que será el tercer intento de celebración del juicio por el cobro de comisiones ilícitas tras las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.
El juicio debía haberse celebrado el pasado 9 de enero, pero la baja del fiscal anticorrupción propició su aplazamiento, y el pasado 1 de febrero fue de nuevo suspendido por enfermedad del abogado de Zaplana.
Inicialmente se han previsto un total de 40 sesiones, que se podrían prolongar hasta el mes de junio, y la presencia de más de 200 testigos.
En esta macrocausa están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.
La causa llega a la fase de juicio casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.
La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros catorce procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.
Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente -que sufre una enfermedad que le impide totalmente ser juzgado- y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).
También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.
Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
