Pedro Sánchez.-EPDALos ejecutivos de España y Portugal han llegado a un acuerdo para establecer un precio máximo del gas que frene la escalada de precios. El objetivo es atacar directamente el sistema marginalista de precios, el máximo responsable del precio de la electricidad al considerar el precio de la energía más cara como el que marca el precio para toda la electricidad proceda de donde proceda.
En este caso los dos ejecutivos han acordado un precio máximo de 30 euros por megavatio hora, el objetivo es que esta medida frene el elevado coste de la electricidad que está detrás de la galopante inflación que sufren todos los países de Europa y que ha situado el precio de refencia de gas a 110 euros.
Esta medida ha de ser aprobada por la Unión Europea que ha de pronunciarse sobre si es un ataque a la libre empresa o una decisión justificada ante la emergencia económica que ha disparado la guerra de Ucrania. En cualquier caso hay que recordar que este mismo mes Europa accedió a tratar a España y Portugal como una ínsula enérgetica, lo que unido al hecho de que la medida es de carácter temporal hace mostrarse optimista ante el visto bueno de Bruselas.
En cualquier caso, y como suele pasar en estos casos, hay que esperar a ver la letra pequeña del acuerdo, algo que no se puede hacer hasta que se publique el texto legal, algo para lo que aún quedan bastantes días ya que de momento el tema sólo se conoce por lo que han publicado los medios portuguseses, informaciones que ha publicado La Moncloa.
Una de las dudas es si esta limitación de precios llegará a todos los consumidores, como ha sucedido con las ayudas al combustible que inicialmente se ofrecieron a conductores profesionales pero finalmente llegó a toda la ciudadanía, o si se será sólo para las centrales de ciclo combinado que generan electricidad a partir del gas. En el primer caso, la situación beneficaría a todas las economías domésticas con el doble ahorro de precio de la electricidad y gas, pero podría dificultar la aprobación de Bruselas; en el segundo sería una medida menos beneficiosa, ya que sólo afectaría al coste de la luz, pero tendría menos resistencias tanto en las autoridades europeas como en unas compañías eléctricas que deberán pronunciarse sobre este nuevo golpe a sus beneficios.
