Gabriel Echávarri, en su época de alcalde. EFE-MORELL-ArchivoEl exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri se sienta mañana
en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un supuesto delito
de prevaricación al ordenar el despido irregular en 2017 de una
trabajadora municipal, cuñada del entonces portavoz del PP y actual
alcalde, Luis Barcala.
La fiscalía pide para el exalcalde una
pena de 10 años de inhabilitación tras considerar que acordó el cese de
la trabajadora como represalia contra Barcala, después de que éste
presentase una denuncia por un supuesto fraccionamiento de contratos
menores que dio origen al llamado 'caso Comercio'.
Tanto el 'caso
Comercio' como la denuncia por el despido de la cuñada de Barcala
empujaron a Echávarri a dimitir en abril de 2018, y el posterior pleno
de investidura hizo alcalde a Barcala al no recabar el PSPV-PSOE el
apoyo de la mayoría absoluta de la corporación y ser el popular Barcala
el candidato del partido minoritario más votado.
Se da la
circunstancia de que Echávarri ya ha sido juzgado y condenado en
relación a la causa del 'caso Comercio' a una pena de ocho años y seis
meses de inhabilitación, junto a dos de sus exasesores, Pedro de Gea y
Eduardo Díez.
Los tres han recurrido esa sentencia ante el
Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tras alegar que no existió el
fraccionamiento que se les atribuye. En el caso de Echávarri, además, se
argumenta que tampoco existe ninguna evidencia de que él participase en
la tramitación de dichos contratos.
En esta segunda causa
referida a la cuñada de Barcala, que se enjuiciará en la Sección Tercera
de la Audiencia Provincial, la acusación pública considera que
Echávarri prevaricó al ordenar el despido de trabajadora interina,
adscrita a la Concejalía de Cultura, sin que existiese justificación.
Así,
incide en que no hubo incumplimiento de los objetivos por los que fue
contratada y añade que la familiar de Barcala formaba parte de un grupo
de interinos contratados en idénticas condiciones y que Echávarri acordó
solo su despido, sin tomar decisiones respecto al resto de
trabajadores.
Por su parte, la defensa de Echávarri solicita su
libre absolución al considerar que el despido fue legal, que no se
adoptó ninguna resolución injusta y, en consecuencia, no existió delito.
En
la vista, que se ha programado en dos sesiones, comparecerán como
testigo el exedil de Cultura Daniel Simón (Guanyar), que elaboró un
informe a petición de la Fiscalía en el que subrayaba que no se había
solicitado prescindir de ningún trabajador.
También prestará
declaración el exconcejal de Recursos Humanos Carlos Giménez (PSOE),
quien inicialmente llegó a figurar como investigado en la instrucción de
las diligencias.
Por último, también están citados tres técnicos
municipales de Recursos Humanos que emitieron informes favorables al
despido, además de la propia trabajadora cesada.
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