El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. EFE
El documento, cuyo contenido íntegro se ha conocido este martes, refuta lo que sostuvo Ordóñez durante su declaración como testigo ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal el pasado 25 de marzo, cuando aseguró que no recibió ninguna alerta de sus inspectores sobre la situación de la entidad hasta 2012.
Dijo también que desconocía los correos que el inspector José Antonio Casaus remitió a sus superiores, cuyo contenido "acertó por casualidad" con los problemas de viabilidad pero no con las razones.
El citado correo de 5 de julio de 2010 no obraba hasta ahora en la causa, pero el exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González, que declaró el lunes como testigo y cuya comparecencia continúa este martes, leyó el lunes parte de su contenido ante la Sala.
Durante la citada reunión con Fernández Ordóñez, el inspector de cabecera de esas cajas -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- explicó que las siete afrontaban "graves" problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad, para cuyo tratamiento "no caben soluciones ortodoxas y sí un SIP (Sistema Institucional de Protección), saneando contra reservas y reduciendo capacidad".
Entre los problemas que describe Casaus destacan unos activos "deteriorados notablemente hasta el punto de comprometer no ya la rentabilidad, sino la solvencia".
Mencionaba también un considerable volumen de activos a largo plazo con muy baja rentabilidad, como hipotecas a 30 años que suponían el 40 % del riesgo crediticio, y serias dificultades de liquidez que "en el mejor de los casos" provocarían un sensible aumento de los costes financieros.
Asimismo, señalaba un sobredimensionamiento de personal y de red de oficinas.
Otra fuente de problemas fue la "grave distorsión en el mecanismo de fijación de precios de los activos, al aparecer una demanda muy agresiva en el volumen y absolutamente inelástica al precio, que ha creado una espiral inflacionista" en todos los activos, mobiliarios, inmobiliarios y materias primas.
Todo ello alimentaba un negocio bancario de apalancamiento total, como demostraba la cantidad de suelos comprados por los promotores españoles y el precio disparatado pagados por ellos.
Dada la "magnitud" de los saneamientos necesarios y la debilidad de las cuentas de resultados, prosigue el documento, no cabe una solución ortodoxa, como la de sanear los activos en dos o tres años.
Durante la reunión con el entonces gobernador, éste mencionó un artículo del diario "El Economista" del 30 de junio de 2010 que aseguraba que los activos tóxicos de la banca española podían rozar 200.000 millones de euros.
Ordóñez le entregó el artículo a José Antonio Casaus "para que le echara un vistazo" y poder comentarlo después.
Como testigo, Ordóñez aseguró que "el Banco de España no lo sabe todo, ésa es la labor de los gestores"; al organismo le corresponde "detectar lo que no se ha hecho, pero no dice nunca nada; hay cosas que no entiendo ni cómo se hacen, entiendo la filosofía, pero hay que preguntar a quien lo hizo".
Sobre la postura crítica de Casaus ante la situación de las cajas que dieron lugar a Bankia, explicó que "es como si me dicen que usted se va a morir a la salida porque le puede caer encima un teja, y muere, pero no por ese motivo".
Por otra parte, el exdirector de Inspección del Banco de España Pedro González ha admitido este martes que el Banco de España "no supo o no pudo" diagnosticar adecuadamente la situación real de Bancaja, "que era peor de lo que pensábamos", antes de integrarse con otras seis para dar lugar a Bankia.
En su segunda jornada de declaración como testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, González ha defendido el trabajo realizado por los equipos de inspectores, de una gran profesionalidad y que trabajaban "en un régimen de semiesclavitud" con horarios muy exigentes.
Pero eso no fue suficiente para acertar con el diagnóstico de Bancaja, ha explicado, y ha añadido que hay que reconocer que estaba peor de lo que se pensaba y que ya en el último trimestre de 2011 se empezó a detectar cómo aumentaba la morosidad en cantidades alarmantes.
A ninguna entidad se la obligó a integrarse, ha explicado, pero sí se les dijo que, "si no se integraban, estarían en una situación dramática"; seguramente a Bancaja se la obligó a que se integrara en algún sitio, pero "no con Caja Madrid", ha dicho, y ha puesto en duda que los entonces gobernador y subgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Javier Aríztegui, respectivamente, lo hicieran.
González ha reiterado en varias ocasiones durante su testimonio ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal que la labor del Banco de España no es dar una imagen fiel de una entidad financiera o vigilar la formulación de cuentas, tareas cuya responsabilidad recae en el auditor y en los administradores.
De hecho, cuando se enteró de que Bankia había formulado sus cuentas de 2011 sin el informe del auditor, lo que supo por la prensa, se quedó muy sorprendido, según sus palabras, y al equipo de inspectores del Banco de España "que no sabíamos nada, nos dio mucha ansiedad, y nos dijimos: ¿qué ha pasado aquí?".
González ha mencionado durante su comparecencia distintos correos electrónicos enviados por el inspector José Antonio Casaus a sus superiores en los cuales se mostraba muy crítico con la situación tanto de las cajas como de la propia Bankia.
Los correos son "opiniones", ha repetido varias veces, pero no son "informes o dictámenes, un correo es un correo, y se valoran, pero vamos creando una opinión como se talla una escultura"; se trata de opiniones "bien expresadas, pero opiniones a veces contradictorias", ha especificado, con objeto de formar una visión general y de conjunto.
