El empresario castellonense y hermano del expresident de la Generalitat Francis Puig a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La Fiscalía pide 4 años y 10 meses de prisión para Francisco Javier Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, por un delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada, por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones.
Así consta en el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE y que añade que de forma subsidiaria, por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida procede imponerle dos años y seis meses de prisión, y tres años de prisión por el de apropiación indebida agravada.
El origen de la investigación judicial es una querella que el PP presentó en un juzgado de València en marzo de 2019 contra el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y contra Francis Puig, hermano del entonces president de la Generalitat, Ximo Puig, por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones.
El objeto de la querella eran las ayudas de la Generalitat al valenciano en medios de comunicación de 2015 y 2016 a Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, empresas en las que Francis Puig era administrador.
A finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, al considerar que el grupo empresarial de la familia Adell Bover (con empresas como Canal Maestrat, donde era administrador solidario, y Kriol, donde era administrador único) contribuyó al supuesto fraude de las ayudas al valenciano con cuestiones como facturas duplicadas.
El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental. El juez descarta expresamente el delito de fraude en las subvenciones, porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida, unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
La resolución judicial detalla indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas.
La Fiscalía pide para Adell tres años de prisión por el delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, por cooperación necesaria.
