La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha afirmado que el Consell de Ximo Puig, "ha fracasado en política educativa y así lo ha reconocido en cuestiones como la construcción de colegios o su intento de chantaje lingüístico".
Gascó ha señalado que 2018 "empieza como terminó 2017, sin una política educativa clara para este Consell, ya que se ha demostrado que su único objetivo en una materia tan sensible es sacar rédito político, adoctrinar y hacer un ejercicio de ingeniería social trasladando el mensaje de la izquierda valenciana".
"En infraestructuras educativas, después de dos años y con un retraso de los compromisos anunciados de más del 80%, Marzà ha tenido que reconocer su fracaso, admitir su incapacidad para la gestión y ha tenido que trasladar la responsabilidad de la construcción de colegios a los ayuntamientos", ha señalado Gascó. La portavoz de Educación del GPP ha afirmado que Puig "es también responsable de este caos, ya que fue él quien anunció el plan de infraestructuras a bombo y platillo en el Palau de la Generalitat". La diputada ha indicado que el Consell "tiene dinero para educación, ya que este departamento recibe 400 millones de euros más del Gobierno de España. Lo que no tienen es capacidad resolutiva ni ganas de trabajar".
Respecto a la política lingüística, la diputada ha manifestado que el fracaso del Consell "es más que evidente, y era la crónica de una muerte anunciada, porque cuando se pretende aplicar algo a través de un chantaje a los ciudadanos la propia sociedad es la que hace valer sus derechos, y eso es lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana dos veces en menos de dos años".
Gascó ha recordado que asociaciones, sindicatos, representantes de la comunidad educativa y asociaciones civiles "se opusieron a la política lingüística de Puig porque anteponía la imposición del valenciano al aprendizaje en lenguas extranjeras, cuando el estudio de ambas puede ser perfectamente compatible". "Las ilegalidades continuadas y el ataque a la libertad de las familias ha hecho que el Consell tenga que reconocer su error y derogar su decreto", ha indicado.
Para la diputada popular, "el segundo intento del Consell, el decreto ley lingüístico, fue un nuevo fiasco que solo sirvió para confundir a los centros y que permitía que un proyecto supuestamente plurilingüe no diera ni una sola hora de inglés. Además es un decreto que está a las puertas de declararse inconstitucional".
Beatriz Gascó ha manifestado que el Consell "nuevamente ha reconocido su incapacidad con un tercer intento de imposición lingüística, pero esta vez delegando sus funciones y pasando la pelota a Les Corts". Al respecto, ha señalado que "a priori, y si no se tienen en cuenta las recomendaciones que se realizarán a lo largo de tramitación de esta ley volverá de nuevo a ser un tema inconstitucional porque de nuevo se salta los derechos y las libertades de las familias".
Educación como interés personal
"El conseller Marzà ya apuntaba maneras cuando decía que sin desobediencia no hay independencia, y Puig sabía a quién llevaba a su Consell. Efectivamente dos años después comprobamos que son muchas las normas que se ha saltado Marzà y es lo que pasa cuando tratas de hacer con la educación un guante a medida para tu interés personal. Cuando por el contario intentas que el interés sea general y se beneficie el alumnado no hay problema para cumplir la ley", ha señalado.
La portavoz de Educación del GPP ha criticado que "cuando se intenta normalizar las malas prácticas en el aula para normalizar situaciones que no lo son, como la presencia de mapas de los 'païssos catalans', banderas catalanas, literatura infantil catalana, materiales curriculares manipulados con ideas nacionalistas, llevas a que las escuelas se conviertan en centros de adoctrinamiento nacionalista, lo que genera malestar en la comunidad educativa al ver que los máximos responsables de la Conselleria, lejos de cortar esta situación la fomentan y se hacen cómplices".
Por último, Gascó ha señalado que "hasta ahora la Conselleria se ha centrado solo en aplicar políticas que favorezcan a sus colectivos sindicales y lingüísticos afines, dejando en un segundo plano la política educativa". La diputada ha recordado también que la Conselleria de Educación "se caracteriza por la cantidad de correcciones en el DOCV y es una muestra palpable de que van perdidos".