La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero. EFE-Ana Escobar-Archivo
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha afirmado este viernes que la Generalitat rechaza una ley de vivienda estatal que califica de "fracasada" y apuesta por "soluciones reales que ya están dando resultados".
En respuesta a la visita a Valencia del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, que ha instado a la Generalitat a aplicar la ley de Vivienda para combatir problemas como la proliferación de los pisos turísticos, ha indicado que esa ley limita el precio del alquiler y "lo único que provoca es expulsar viviendas del mercado, reduciendo la oferta e incrementando los precios".
La política de vivienda del Gobierno valenciano "es la contraria" y consiste en "dar facilidades y promover la construcción de vivienda, lo que permite reducir el precio", ha asegurado la vicepresidenta en un comunicado.
Para ello, ha explicado, "lejos de ser intervencionistas y generar inseguridad jurídica como pretende el Gobierno con su ley de Vivienda", la Generalitat ha puesto en marcha medidas "que ya están dando resultados".
Así, ha detallado que desde la aprobación del nuevo decreto de vivienda de protección pública el pasado diciembre se han solicitado 698 calificaciones provisionales para la construcción de vivienda protegida por parte de promotores privados, cifra que triplica las solicitudes del año anterior en el mismo periodo y va a permitir "poner vivienda asequible en el mercado".
También ha afirmado que se han puesto en marcha medidas para promover la construcción de vivienda de protección pública mediante la colaboración público-privada, que han permitido licitar suelo para la construcción de 1.675 viviendas en 12 municipios, con la previsión de tener en construcción más de 2.000 viviendas en suelos públicos este año.
Además, Camarero ha dicho que la Generalitat ha implementado "una ambiciosa estrategia para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, combinando medidas fiscales, financieras y de planificación urbanística", como el programa de Avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para jóvenes de hasta 45 años puedan acceder a préstamos hipotecarios de hasta el 95% del valor de la vivienda.
La rebaja del tipo superreducido del 8 % al 6 % en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 35 años y la reserva mínima del 40 % en las promociones de vivienda protegida, tanto públicas como privadas, para jóvenes menores de 35 años, son otras de las medidas que ha citado.
"Este Consell tiene una política de vivienda que permite movilizar la inversión, poner más casas en el mercado y facilitar el acceso a una vivienda digna sin desincentivar la oferta ni perjudicar a propietarios y arrendadores", ha destacado.
Desde la Generalitat "insistimos en el rechazo a aplicar una ley ideológica e ineficaz, y reclamamos al Gobierno de España que se centre en resolver los efectos adversos que su propia normativa ha provocado allí donde se ha implementado", ha finalizado la vicepresidenta.
