Residencia de ancianos de la localidad valenciana de lEliana. EFEGobierno, comunidades y municipios han acordado una respuesta coordinada ante rebrotes en residencias, que incluye la obligación de los centros de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la covid-19.
Esa actuación unificada se ha adoptado en una reunión celebrada este martes en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y los consejeros de Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Desde la Generalitat Valenciana han valorado la importancia de que las diferentes administraciones colaboren en evitar que los rebrotes afecten de la manera que lo han hecho en las residencias de personas mayores, las más vulnerables al impacto del coronavirus.
Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas recuerdan además que la Comunitat Valenciana ha registrado una de las cifras más bajas de fallecidos sobre el total, por lo que aportará su experiencia, protocolos y la normativa elaborada para estos casos.
El objetivo, añaden en declaraciones a Efe, es "garantizar la seguridad de las personas mayores con una regulación más estricta con el refuerzo del aislamiento".
Los representantes de las administraciones, que volverán a reunirse el 24 de julio, han coincidido en que la reciente reaparición de casos de covid-19 en centros sociales residenciales refuerza la urgencia de articular esas medidas "con un mayor detalle y comunicarlas a la ciudadanía", explican en un documento acordado en la reunión, al que ha tenido acceso Efe.
Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos de covid al sistema de salud, disponer de un protocolo de actuación para la coordinación con el sistema de salud para asegurar la atención de los residentes y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal.
Sanidad y Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales.
Estas propuestas se incluyen en los documentos de recomendaciones acordados, que el Gobierno ha trasladado a las regiones: una lista de verificación con las condiciones que deben cumplir los planes de contingencia de las residencias y el Plan de Respuesta Temprana adaptado al ámbito residencial.
En el Plan se establece que ante la detección de un caso, será indicativa de la aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y la búsqueda activa de casos. Esto implicará también pruebas PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro.
En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros "en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía", indica.
Se designará a una persona del centro "con capacidad de comunicar datos de la situación diaria, mantener el contacto con las autoridades y activar los protocolos sanitarios".
Los protocolos de las residencias deben tener un plan sobre las decisiones a adoptar con relación a las visitas de familiares a residentes (incluyendo la posibilidad de utilizar medios alternativos, como videoconferencias) y salidas del centro en función de los diferentes escenarios.
La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, señala el documento sobre el que han trabajado las administraciones.
En el caso de centros de gran tamaño, "se valorará la posibilidad de llevar a cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número de contactos estrechos entre personal y residentes".
"Las comunidades autónomas están trabajando de manera muy importante para evitar posibles rebrotes en las residencias; en la reunión hemos establecido un marco de respuesta coordinada, ordenando y poniendo en común los esfuerzos que las distintas administraciones están ya haciendo", ha destacado el secretario de Estado.
La consejera vasca de Empleo y Políticas Sociales en funciones, Beatriz Artolazabal, ha propuesto en la reunión, celebrada por videoconferencia, la creación de un fondo específico destinado a esta área y ha comentado que Euskadi es la comunidad que más PCR hace en España.
En esa comunidad, se levantaron recientemente algunas de las restricciones impuestas en los centros y ahora los usuarios pueden recibir la visita de hasta dos personas cada vez, aunque los residentes no pueden salir de las instalaciones del centro.
Fuentes del Gobierno de Cantabria, han destacado la importancia de coordinar en todo el territorio esa respuesta unificada en caso de rebrote y han explicado que se seguirá trabajando en próximas reuniones en torno a "la propuesta de documento base común".
En esa comunidad, solo se han restringido las visitas en la residencia de Liencres, donde este fin de semana apareció un caso.
El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha expresado su inquietud por el hecho de que el Gobierno "siga sin compartir" con las comunidades la situación de las residencias de personas mayores, algo que cree "fundamental" porque para actuar se precisa de información "fiable" a nivel nacional.
Ha reclamado que en la próxima reunión, sea convocado el Ministerio de Sanidad porque "en estos momentos tenemos que trabajar de manera muy estrecha a través de la Atención Primaria".
El Gobierno de La Rioja ha propuesto a las comunidades autónomas que hagan pruebas periódicas a residentes y trabajadores de centros para detectar asintomáticos y poder distribuirlos en las zonas sectorizadas. El director general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Santiago Urizarna, ha recordado que se han suspendido, de forma temporal, los paseos por el exterior de las residencias de personas mayores y discapacidad, así como las salidas de personas con discapacidad a los domicilios familiares inferiores a los 21 días.
Fuentes de la FEMP, han explicado que representantes de las tres administraciones celebrarán reuniones periódicas cada 15 días salvo que la situación actual de los rebrotes de covid "exijan una anticipación de escenarios".
En Aragón, el presidente Javier Lambán ha anunciado una ayuda de 1,5 millones de euros para que los centros sociorresidenciales puedan afrontar costes adicionales causados por la covid-19, enfermedad que ha vuelto a entrar en 47 establecimientos de la Comunidad y ha contagiado a 294 residentes y 100 profesionales.
