Antonio Montiel. EPDA
Diez de los 15 gobiernos estatales de los últimos 40 años, lo han sido en condiciones de mayoría simple para la investidura de sus respectivos presidentes (2 con presidencia de UCD, 3 del PP y 5 del PSOE). Y, prácticamente en todas las legislaturas de la democracia, se ha requerido del concurso de las minorías nacionalistas para desplegar buena parte de la acción legislativa y de gobierno. ¿Dónde está pues la perturbadora novedad de la singladura que comienza y cuál puede ser su rendimiento?
Un breve repaso histórico muestra que en la configuración del sistema político español fue determinante la experiencia de la ajustada victoria del candidato "oficialista" Adolfo Suarez en junio de 1977 cuando, a pesar de controlar el aparato gubernamental, solo obtuvo mayoría simple con la que pilotar un proceso político preñado de incertidumbre. Así, la debilidad estructural de la UCD influyó en la opción por una fórmula que asegurase la primacía al poder ejecutivo sobre el legislativo y dentro del ejecutivo al presidente, a quien se atribuye la dirección del gobierno y la coordinación de las funciones de sus restantes miembros, sin perjuicio de la autonomía y responsabilidad de estos en el ámbito de su respectiva gestión.
La Constitución de 1978 consagró así una asimetría en la división de poderes que se completó con un sistema electoral desigual que sobrerrepresenta a las circunscripciones de menor población, consideradas tendencialmente más conservadoras, y el afianzamiento de los partidos políticos como cauce prácticamente exclusivo de participación política.
A pesar de tantas precauciones y de la insistencia oficial en el relato de la "gobernabilidad", lo cierto es que el bipartidismo nunca fue perfecto, como lo acredita la abundancia de gobiernos en minoría parlamentaria. Así pues lo verdaderamente novedoso en esta nueva singladura es, de un lado, la certificación del fin del bipartidismo y, de otro, la formación del primer gobierno de coalición a nivel estatal después de 80 años.
Existen antecedentes suficientes donde mirarse, no solo en la UE donde los gobiernos de coalición son habituales y los de carácter monocolor son la excepción, sino también en nuestra tradición municipal y autonómica. De hecho, más de un tercio de los gobiernos autonómicos habidos hasta la fecha han sido de coalición y, ahora mismo, trece de los 17 gobiernos autonómicos se sustentan en acuerdos semejantes.
Por otra parte, y sin perjuicio de la utilidad que sin duda tendrá el protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno que incluye, además de normas para una estrategia de comunicación conjunta, un procedimiento para la resolución de discrepancias entre las fuerzas firmantes del programa de coalición progresista, no hay que perder de vista los mecanismos internos del propio sistema político que tienden a favorecer la estabilidad gubernamental.
La Ley del Gobierno de 1997, establece el examen previo por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de cuantos asuntos deban ser objeto de aprobación por el Consejo de Ministros. El carácter reservado de las deliberaciones de esta Comisión que le corresponde presidir a la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia y a la que asistirá también la persona titular de la Abogacía General del Estado, ha de posibilitar que los eventuales disensos no alcancen al Consejo de Ministros.
Hay que admitir que la ausencia de una cultura previa que valore la escucha activa, el diálogo honesto y la generosidad política, juega en contra de este primer gobierno de coalición. Precisamente por ello, y sin minusvalorar el efecto cohesivo que puede propiciar el discurso tremendista de la oposición, va a hacer falta un intenso trabajo para superar desconfianzas mutuas, además de poner en práctica buenas dosis de humildad, voluntad y talento para asegurar una cooperación efectiva que favorezca el cumplimiento del programa político pactado.
Retos que podrían ser más llevaderos si se acompañasen de la apertura de cauces estables de interlocución y participación de la sociedad civil como factor clave para restablecer la imprescindible confianza de una ciudadanía harta ya de confrontación partidaria estéril y de bloqueo institucional.
Antonio Montiel Márquez.
Profesor Asociado de Ciencia Política y de la Administración.
Universitat de València
