La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, y el el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, asisten al comité. EPDAQuinzá y el comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, han participado vía telemática en el Comité de Crisis convocado este lunes por el Ministerio de Igualdad para la evaluación de los últimos asesinatos confirmados por la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, uno de ellos cometido el pasado miércoles en Alzira.
Tras el repunte de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en julio y agosto, Asunción Quinzá ha destacado la necesidad de analizar "qué está fallando" y, en este punto, ha señalado que de las siete mujeres fallecidas en el mes de agosto solo una había denunciado.
Es fundamental, ha señalado, que desde las administraciones "continuemos implementado medidas de concienciación para que la sociedad sepa que la violencia de género es un problema de todos y todas", ya que, en muchas ocasiones, "es el entorno quien puede percibir una violencia que la mujer tiende a normalizar y, por lo tanto, no se ve como una víctima y no denuncia".
De igual modo, ha asegurado que desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se va a continuar trabajando para "garantizar una atención integral" a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, "prueba de ello", es la creación, dentro de su organigrama, "del Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer".
El comité de este lunes es el segundo convocado este verano, después de que el pasado julio se registraran 8 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. El objetivo de estas reuniones es efectuar un análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes, así como de los mismos asesinatos, con el objetivo de obtener información útil para avanzar en la prevención y detectar los puntos débiles de las acciones realizadas.
Esta medida se puso en marcha en julio de 2022 y se convoca en los periodos con una "alta concentración" de asesinatos de mujeres, es decir, cinco o más, o en aquellos en los que concurran circunstancias de "especial relevancia". Desde entonces, el Ministerio de Igualdad ha activado el comité de crisis en cuatro ocasiones: en diciembre de 2022, tras 11 mujeres asesinadas; en enero de 2023, tras 8 asesinatos; el pasado mayo, cuando se cometieron 6 crímenes; y el mes pasado, en julio, que registró 8 muertes más.
Durante la reunión, el Ministerio de Igualdad ha propuesto este lunes que se garantice el acompañamiento institucional en el momento en el que una mujer víctima de violencia machista acude a su casa a recoger los enseres después de una ruptura de pareja, como el caso del pasado miércoles en Alzira.
La medida de Igualdad obedece a la "evidencia" de que el momento en el que una mujer víctima de malos tratos acude a la vivienda para recoger sus enseres es "un momento de riesgo", tal y como ha resaltado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que se ha mostrado convencida de que si existiera este recurso, las mujeres en situación de violencia lo demandarían.
Ha recordado el crimen de Alzira, en el que la víctima fue asesinada por su expareja precisamente en el momento en el que acudió a su domicilio a recoger sus pertenencias, algo que también sucedió en el caso de la mujer asesinada en Córdoba.
La propuesta del departamento que dirige Irene Montero consiste en "institucionalizar el acompañamiento" a las víctimas en ese momento de especial riesgo y que no sea necesario esperar a la denuncia de la víctima. Según ha indicado Rosell, algunas comunidades autónomas han acogido favorablemente esta propuesta del ministerio y se han mostrado dispuestas a llevarla a cabo desde las entidades locales.
En rueda de prensa tras finalizar la reunión del comité de crisis, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha explicado que todas las medidas que se proponen en el seno de este comité deben ser aprobadas en la Conferencia Sectorial de Igualdad y ha indicado que la reunión se ha centrado en detectar factores de riesgo que permitan evitar futuros asesinatos machistas.
Además del acompañamiento institucional, Igualdad ha pedido, como ya hizo en el mes de junio, que se revisen los requisitos para renovar la licencia de armas y ha recordado que al menos 6 de las 40 mujeres asesinadas entre enero y agosto de este año han muerto por arma de fuego (una de ellas en agosto).
Ha incidido, asimismo, en la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia machista, para las que ha pedido ampliar la mediación intercultural; y ha puesto el foco sobre las mujeres víctimas de adicciones, las mujeres mayores, aquellas con problemas de salud mental y en situación de pobreza.
"Necesitamos que cada institución sea una puerta de entrada para las víctimas", ha subrayado Rodríguez, que ha destacado que todos los empleados públicos, desde profesores, médicos y enfermeras, deben tener formación en violencia de género.
