Conviene saber que las bases de nuestro sistema electoral actual, recogidas en el artÃculo 68 de la Carta Magna, se fijaron antes de la "restauración borbónica". Fue la ley de Reforma PolÃtica del franquismo, pieza clave de la transición y obra maestra de Adolfo Suárez, la que estableció que el futuro Congreso tendrÃa 350 diputadas/os elegidos por provincias y que las 207 senadoras/es se escogerÃan por escrutinio mayoritario igual que ahora. Además, tras someterse esta ley a un referéndum en el que la mayor parte de la izquierda no participó por ser aún ilegal, también se incorporó mediante Real Decreto del 18 de marzo de 1977 (semanas antes de la legalización del PCE) un sistema de escrutinio del voto proporcional con doble corrección, actualmente vigente: la ley d'Hondt que premia a los partidos más grandes, más la asignación provincial de escaños que se reparten según los votos sacados por cada fuerza polÃtica en cada provincia y Diputación, lo que supone una sustantiva prima para la España rural conservadora y para los partidos con mayor implantación territorial. Poco importó denunciar entonces, como hizo la izquierda en las calles, que estas reglas del juego, asà como el listón del 5% para obtener representación que siguen causando "estragos representativos" todavÃa hoy en los municipios, distaban y distan de ser justas y democráticas, desde el momento en que evitan que todos los votos y candidaturas electorales reciban igual consideración.
Cuarenta y dos años después se mantiene este enfoque de la ley, perfilada técnicamente por los fontaneros de Suárez en 1976-77. Ha tenido que ser la sociedad española quien "evolucione" democráticamente, relegando al pasado el bipartidismo y las mayorÃas absolutas que ahora PSOE y PP -vanamente - querrÃan desenterrar, por mucho que sigan chocando con la realidad y las aspiraciones de un pueblo trabajador crÃtico que no quiere mirar atrás sino adelante, desencantado mayormente con la polÃtica y sus representantes que ha conocido hasta el presente. Las elecciones municipales del 26 de mayo se llevan a cabo con estos mismos parámetros. Con el paso de los años, sucesivos gobiernos monocolores han dejado la autonomÃa local y los servicios municipales en su mÃnima expresión, bajo la excusa falsa de que gastaban demasiado, mientras que incluso se ha reducido el pluralismo y la participación ciudadanas en la gestión directa de los municipios. En tal tesitura, la izquierda real, que siempre se ha mantenido crÃtica con el bipartidismo del PP-PSOE y vuelta a empezar, sigue siendo la única garantÃa para avanzar en democracia y libertades, en derechos y garantÃas, en mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la gran mayorÃa trabajadora de cada municipio y población.
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Juanjo Llorente
