Un jurado popular juzga, en Elche, al ex-alcalde de Bigastro y al secretario-interventor del Ayuntamiento acusados de usar una tarjeta de crédito municipal para pagar en bares y restaurantes.
Los hechos sucedieron entre los años 2009 a 2011 cuando el entonces primer edil cargó hasta 23.000 euros sin justificar en una tarjeta del Ayuntamiento, que estaba destinada a gastos de representación y dietas.
Según el escrito de acusación, el entonces secretario- interventor no fiscalizó estos gastos, por lo que los asumió y admitió.
El fiscal pide para cada uno de los acusados una pena de 4 años de prisión por un delito de malversación de fondos públicos.
Además, para el exalcalde solicita una pena de 10 años de
inhabilitación para desempeñar funciones de primer edil o concejal
y para el interventor pide 10 años de inhabilitación para el
desempeño de cualquier cargo que suponga el control del gasto o la
fiscalización de la gestión económica municipal.
