Tras la declaración de alerta
roja producida por la Gota FrÃa o DANA que asoló la Comunidad
Valenciana el pasado 13 de septiembre, el Consejo Valenciano de
Colegios de Abogados (CVCA) reclamó la suspensión de los
señalamientos y citaciones judiciales previstos para ese dÃa. Una
exigencia que no fue atendida por la Sala de Gobierno del TSJCV y
ante cuya resolución la abogacÃa valenciana ha planteado un recurso
ante el CGPJ por estar en desacuerdo con esta decisión.
En
su escrito de alegaciones, el CVCA considera que trasladar la
decisión de la suspensión al juez decano de cada partido judicial y
a los letrados de la Administración de Justicia -tal y como señala
la resolución del TSJCV- no hace más que "subjetivar una
situación de riesgo objetivo como es la declaración por parte de
las autoridades del Estado y de la propia Comunidad Valenciana de la
situación de alerta roja, entendida como el escenario de máximo
nivel de amenaza para la integridad y la propia vida". Cabe señalar
que durante las fechas en las que se produjeron las inundaciones,
perdieron la vida hasta cinco personas arrastradas por el agua, y aun
con ello se produjo la negativa del TSJCV, teniendo en cuenta,
además, que los principales órganos como la Conselleria de
Interior, ordenaban evitar los desplazamientos por el evidente
riesgo.
En
este sentido, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados sostiene
que, una vez que las autoridades competentes determinaron la
situación, no de preemergencia sino de emergencia y se decretó la
peligrosidad, "automáticamente se habÃan de suspender los
señalamientos judiciales en los juzgados de la propia localidad en
la que se halle el juzgado y en aquellos que se encuentren a una
distancia prudencial cercana a los lugares en que se haya decretado
dicha alerta". Una suspensión que no se produjo de forma
automática al declararse la alerta roja, pese a que se cerraron
colegios, universidades y otros edificios públicos, y por el
contrario "se hizo depender la vida de los justiciables, testigos,
peritos, abogados, y procuradores, subjetivando la suspensión a la
decisión del letrado de la administración de justicia o en último
caso del juez decano de cada partido judicial", afirman desde el
CVCA.
Mediante
este escrito, la abogacÃa valenciana manifiesta que "no se puede
subjetivar la gravedad o no del peligro, sino que, acaecida la
declaración administrativa de máximo riesgo, ésta debe determinar
la suspensión de las actuaciones judiciales que requieran la
presencia de los ciudadanos y de los profesionales ante los órganos
judiciales", pues en otro caso se pondrÃa en riesgo la vida de las
personas y sus bienes.