La Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (APPV) tiene entre sus fines la constitución de un colegio de periodistas, una medida que ha de aprobar el parlamento autonómico. El manifiesto es el siguiente:
Porque permitiría a los profesionales del sector disponer de una corporación de derecho público, amparada por ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Esta circunstancia le posibilitaría hablar de tú a tú a las administraciones y defender al colectivo con más fuerza que una mera asociación de carácter privado.
Su existencia aporta un elemento de seguridad para la sociedad y los usuarios en el ejercicio de la profesión por parte de los colegiados, con los mecanismos de transparencia y defensa de la calidad en la información. Refuerza a profesionales y a receptores de ese trabajo.
Además, desde el punto de vista práctico, los colegios pueden elaborar criterios orientativos, a los exclusivos efectos de tasación de costas. Servirían como guía, nunca como obligación de minuta, y permitirían aportar información sugerente sobre qué cobrar por redactar un reportaje, gestionar las redes sociales de una entidad o escribir artículos en un blog o un libro, cuestiones que en numerosas ocasiones generar dudas pecuniarias.
Del mismo modo, aportaría peritos judiciales vinculantes en litigios acerca de los mismos, que posibilitarían demostrar, de cara a un impago, que el trabajo realizado por un profesional del periodismo tiene un valor específico.
Se trata de añadir garantías para que los profesionales cobren dignamente por el trabajo realizado.
Igualmente, entre sus muchas funciones se halla organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos. O buscar soluciones que permitan desarrollar la labor en el mismo lugar para autónomos (coworking) e incentivar la creación de empleo y las sinergias laborales entre compañeros. Y así un largo etcétera de actuaciones amparadas en la fuerza de una entidad de derecho público.
No. No lo es, de hecho, en ninguno de los 11 colegios profesionales de periodistas que ya funcionan en España y que se hallan agrupados en una red de colegios. La colegiación sería siempre voluntaria, como ya ocurre, además, en colegios de otros ámbitos, como el recientemente constituido de publicistas.
Los colegios ¿van a más o a menos en España?
Constituyen una tendencia al alza. En el siglo XXI se ha pasado de dos colegios a 11 de periodistas en España (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco), con el decimosegundo, el de Extremadura, gestándose. Se trata de una herramienta que cada vez utilizan los profesionales de más territorios para defender sus intereses conjuntamente. Por desgracia, en la Comunitat Valenciana, al igual que ocurre con otras cuestiones, nos estamos quedando a la cola.
De ningún modo. Resultan totalmente compatibles. De hecho, funcionan en coordinación en otras autonomías, como lo demuestran las asociaciones y colegios del País Vasco, Navarra, La Rioja o Asturias. Cada cual mantiene su actividad, con la ventaja de que el Colegio aporta ese plus de tratarse de una entidad de derecho público que permite defender con más fuerza los intereses profesionales. El parlamento autonómico reconoce a los colegios, incluido el de periodistas, como los portavoces sociales de cada uno de los sectores profesionales a la hora de intercambiar información o pareces con asuntos públicos.
Los propios colegiados, como en cualquier entidad. Una vez que el parlamento autonómico aprueba la creación del Colegio, este adquiere vida propia, con sus estatutos, que contemplan, entre sus funciones básicas, la convocatoria de elecciones. Cualquier persona que esté colegiada se puede presentar y concurrir libremente con todas las garantías. Después será el conjunto de colegiados, en votación secreta, quien apruebe la candidatura que lo representará.
Al contrario, le permitiría autorregularse y no estar sujeta a criterios políticos que pretendan definir quién es o no periodista. Además, el Colegio formaría parte de la red nacional de colegios profesionales de periodistas, lo que le conferiría un apoyo de otras autonomías y mayor fuerza en la defensa de la profesión por parte de los profesionales, sin intromisiones externas.
