Los acusados conversan en el juicio. EPDALos intentos del exsecretario de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere por eludir la entrada en la cárcel se agotan. Su petición de indulto por la condena a dos años de prisión por la conocida como 'trama de las asesorías' no ha recibido respuesta gubernamental. La justicia interpreta este silencio como denegación del indulto, por lo que la Audiencia de València ha dictado un auto en el que decreta el ingreso en prisión de Sancho Sempere por un delito de cohecho. Pese a que este auto ha sido recurrido por la defensa del exsecretario, todo apunta a que la nueva artimaña legal tiene un recorrido corto.
En similar situación se encuentra la exalcaldesa de La Pobla de Farnals Natividad García, pendiente de la petición de indulto tras haber sido condenada por cobrar un dinero para beneficiar desde su cargo a una de las mercantiles de Sancho. Natividad García, la que fuera alcaldesa tránsfuga de La Pobla de Farnals, fue condenada en enero de 2016 junto al ex secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho. Sus chanchullos han acabado por ensuciar el nombre de la localidad de l'Horta Nord, al arrastrar el escándalo desde la legislatura 2007-2011, cuando se produjo una moción de censura que ahora la justicia ha confirmado que se hizo para lucrarse de fondos públicos.
La Audiencia Provincial de Valencia condenó tanto a Sancho como a García a dos años de prisión cada uno por sendos delitos de cohecho. Quedaron absueltos, sin embargo, por los delitos de malversación de caudales y prevaricación. Igualmente, la Academia Valenciana de Juristas quedó absuelta del delito de cohecho que pedía el fiscal y Rafael Parra Mateu también resultó absuelto, en este caso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documentos mercantiles, aunque éste se enfrenta, igual que Sancho, a otro macrojuicio por la 'trama de las asesorías', con una veintena de imputados y más de una decena de administraciones públicas en el ojo del huracán. Ambos recurrieron al Tribunal Supremio, que confirmó la sentencia y el ingreso inmediato en prisión. Sin embargo, los condenados pidieron el indulto al Gobierno de Mariano Rajoy, lo que les ha permitido estar más de dos años sin entrar en prisión. Ahora, la situación cambia radicalmente.
En el auto, que adelantó en exclusiva Elperiodicodeaqui.com, se recogía: ''debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere; y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas''.
La sentencia explica el 'modus operandi' pactado por Natividad García y Sancho para lucrarse mutuamente. Así, en el apartado de hechos probados, se recoge que ''el núcleo del injusto del delito de cohecho, en el caso enjuiciado, se encuentra en la solicitud o recepción de dinero para favorecer el mantenimiento de contratación a partir de mayo de 2009'', referencia a la Academia Valenciana de Juristas -dominada por Sancho-, favorecida por Natividad García con encargo de trabajos jurídicos y un contrato a través de un concurso público amañado. A cambio, que se haya podido demostrar, cuanto menos García recibió 4.500 euros de Sancho por transferencia el 22 de mayo de 2009 y la cantidad de 2.900 a través de Millena III Milenio el 15 de julio de 2011.
En ese momento, Sancho no figuraba al frente de la mercantil, sino que había puesto a un hombre de paja, el empresario de Canet d'En Berenguer, Juan José Sánchez, cuyo padre había recibido concesiones municipales del Ayuntamiento de Canet, donde Sancho era secretario, con condiciones muy ventajosas, con precios muy inferiores a los de mercado, con un hotel-restaurante en primera línea de playa por un canon anual de sólo 6.000 euros. La tránsfuga recibió el 15 de julio de 2011 otros 1.200 euros de Sancho en su cuenta particular. Según el fiscal, estas cantidades están relacionadas con la factura 15/2011 de 1 de abril por importe de 21.122 euros y considera que ''fueron dadas como gratificación de la contratación alcanzada por las empresas de éste y las remuneraciones obtenidas''.
Natividad García y José Antonio Sancho pactaron ante la que se les avecinaba que dirían al juez que se debían a un préstamo de Sancho a la entonces alcaldesa, pero este extremo fue rebatido completamente. La necesidad del préstamo que pretendían trasladar al juez era falsa, pues ''no padecía la ausada ninguna situación precaria, ya que consta que se compró un piso al llegar a la alcadía y un coche''. Además, el proceso monitorio iniciado por Sancho contra García instando a la devolución ''del presunto préstamo se inicia con posterioridad a ser denunciada Natividad García''. En definitiva, que no cuela el truco. De hecho, el juez señala que ''las pruebas practicadas han acreditado que todas esas prestaciones a favor de Natividad García responden a la intención de recompensar a la misma por facilitar el manteimiento del asesoramiento al Ayuntamiento de La Pobla de Farnals por parte de la Academia Valenciana que gestionaba y controlaba Sancho Sempere, mediante gratificaciones dinerarias o favoreciendo a la caldesa en su contratración remunerada por tras empresas bajo su control, como Millena III Milenia''.
Además, ''la explicación de que las dos sumas transferidas a la cuenta bancaria de la acusada respondieran a un préstamo'' es desmentido por el hecho de que ''ambas se realizan en años distintos'' y la realizada el 15 de julio de 2011 ''ni siquiera se menciona en el justificante bancario, limitándoase a 'mi entrega, justo dspués de la firma del contrato de prestación de servicios de asistencia jurídica de 6 de mayo de 200 con la Academia de Juristas, unos días antes de abandonar la alcaldía''.
Para convencer en ese momento a su señoría, Sancho llevó a varios testigos que dijeron haber recibido préstamos de Sancho, entre ellas varias personas de Canet y Sagunt. Una de ellas fue Isabel Jiménez, que el pasado 7 de mayo de 2018 fue a declarar de nuevo como testigo de Sancho, en este caso en el 'Caso Pangea', como ''trabajadora a tiempo parcial'' del chiringuito montado por Sancho para conseguir subvenciones destinadas a inmigrantes. En el caso del juicio anterior, Jiménez declaró que ella había recibido un préstamo de Sancho, que era algo habitual que el ex secretario de Canet fuera prestando dinero a amigos y conocidos, para hacer ver al juez que la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals recibió un dinero en su cuenta bancaria, transferido por Sancho, por un motivo similar.
Aunque la condena es relativamente pequeña, la gravedad de lo ocurrido es enorme. El juez concluye básicamente que detrás de la moción de censura que se produjo en La Pobla de Farnals había un interés por lucrarse de los fondos públicos. Así, ''con la finalidad de garantizarse el acusado que el Ayuntamiento mantendría este tipo de contratación con sus empresas, pactó con Natividad García que la compensaría periódicamente o bien favorecería su contratación en aquéllas con carácter remunerado''. Lo recoge la sentencia que se hizo pública este lunes por la Audiencia Provincial en el apartado de 'hechos probados'.
Las gratificaciones de Sancho a Natividad García -que intentó sin éxito en el juicio demostrar que fueron por un préstamo personal- comenzaron con una transferencia de Sancho a la cuenta personal de la alcaldesa por importe de 4.500 euros el 22 de mayo de 2009 bajo el concepto de 'préstamo'. Más tarde, el 2 de febrero de 2011 ''una empresa del acusado, Millena III Milenio, pagó a García la cantidad de 2.900 euros mediante cheque y el día 15 de julio de 2011, Sancho volvió a realizar una transferencia a la cuenta particular de la acusada por importe de 1.200 euros bajo el concepto de Mi entrega''.
A cambio de todo esto, Natividad García aceptó que Sancho llevara al Consistorio a la Academia Valenciana de Juristas, otro de sus chiringuitos, para llevar los asuntos jurídicos municipales.
En los hechos probados el juez recuerda el proceso de la moción de censura y las decisiones de Natividad García para beneficiar a las empresas de Sancho: ''con fecha 18 de octubre de 2008 García tomó posesión como alcaldesa y (...) concenrtó con José Antonio Sancho (...) secretario municipal de Canet, y a quien poco antes le había sido presentado por persona de confianza, que se encargara de todo ello a través de contratos menores formalizados en las facturas que fuera librando, bien personalmente o a través de de profesionales pertenencientes a las entidades Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogado SL''. La alcaldesa, en noviembre de 2008, ''por decreto'', acordó que todos los asuntos judiciales y extrajudiciales pendientes de resolución se llevarán a cabo por ''la Academia Valenciana de Juristas''. Además, Sancho fue nombrado además ''durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2009, interventor acumulado''.
El acuerdo incluía que Natividad García le dejara un contrato firmado entre Ayuntamiento y Academia pocos días antes de abandonar la alcaldía, que acabó rescindiendo Joé Manuel Peralta cuando ganó por mayoría absoluta las elecciones municipales en 2011.
