Vista general tomada con un dron del barranco del Poyo a su paso por Catarroja y Massanassa, en la zona cero de la dana en Valencia, un año después de la riada-EFE-Biel Aliño
La Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso presentado por varias de las partes personadas en la causa de la dana, que reclamaban información más detallada sobre la labor realizada por los agentes y guardas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de las riadas.
Los seis magistrados que componen la Sección Segunda han suscrito un auto en el que dan la razón a la jueza instructora de Catarroja, que ya rechazó esta petición por considerar suficientes los datos aportados e insistió en reprochar a la Generalitat "la falta de control en la utilización de la ingente cantidad de recursos humanos de los que se podían haber servido".
En concreto, la petición de información reclamaba saber en qué sectores de la provincia se encontraban ubicados los agentes y guardas de la CHJ, los trayectos realizados por cada uno de ellos, sus nombres y apellidos y la información que recabaron y transmitieron.
La jueza, que ya se opuso a esta solicitud, respondió que la CHJ ya había remitido informes en los que detallaba que la plantilla de agentes medioambientales y guardas fluviales de la que disponía era de 56 personas, que aportó un mapa con los criterios de distribución y no consideraba necesario conocer las identidades.
Señaló la instructora en su respuesta que "el elemento nuclear en la inadmisión de la nueva prueba es el hecho que no se realizó una solicitud de colaboración por parte del mando único a cargo de la emergencia".
"El error ampliamente difundido de que el control y vigilancia de los barrancos el día 29 de octubre de 2024 era competencia de la CHJ está sustentando no solo una imputación gravemente errónea de responsabilidades, sino solicitudes de prueba que no se corresponde con el análisis de las omisiones. Una vez se pasa a una situación de emergencia por riesgo de inundación, el control de los barrancos ante un eventual desbordamiento ha de corresponder a la Generalitat Valenciana", insistió la magistrada de Catarroja.
"Lo anterior es una normativa que responde a una cuestión lógica -añadía la jueza-; el gran número de kilómetros y lugares por donde discurren los barrancos, su especifica orografía, exige movilizar el mayor número de recursos humanos. No son solo los agentes de la CHJ, son también los agentes medioambientales, los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Policías Locales, los bomberos, los cuales se pueden utilizar al objeto de analizar y comprobar visualmente el aumento de los caudales".
"Partiendo del criterio de lo solicitado por dicha acusación particular, y siguiendo idéntica argumentación -continuaba en su escrito-, habría que determinar el lugar concreto, nombre, apellidos de los miles de agentes que podían, conforme al Plan Especial, colaborar en la vigilancia de los barrancos. Aquí reside la cuestión nuclear, la negligencia grosera de la que se ha hecho referencia en diversas resoluciones, la falta de control en la utilización de la ingente cantidad de recursos humanos de los que se podían servir los investigados para controlar los barrancos".
Ahora la Audiencia Provincial coincide de nuevo con el criterio de la instructora en el que la prueba solicitada es redundante y sostiene que "la instrucción no puede convertirse en una suerte de actividad desprovista de elementales criterios de utilidad ni puede tornarse en una especie de inquisición general objetiva y/o subjetiva. Los esfuerzos instructores deben venir inspirados en criterios de racionalidad, de eficacia y de garantía".
