La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a a 29 de los 37 acusados en el juicio por la Época I (1999-2005) del caso Gürtel, a penas que van desde los 51 años y 11 meses que han recaído en Francisco Correa hasta los cinco meses, correspondientes a Jacobo Gordon, mientras que absuelve a los otros ocho procesados, entre ellos Álvaro Pérez.
En la primera sentencia que dicta la Audiencia Nacional en relación con la trama Gürtel, los jueces consideran que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.
La resolución impone la pena más alta, de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, Francisco Correa, mientras que a su considerado número dos, Pablo Crespo, le condena a 37 años y medio. El extesorero del PP Luis Bárcenas es condenado a 33 años y 4 meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros. A su mujer, Rosalía Iglesias, la Audiencia le impone una pena de 15 años y 1 mes. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.
Otras de las condenas más elevadas son las del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, penado con 38 años y 3 meses de cárcel; la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, con 31 años y 9 meses; la del contable del entramado, José Luis Izquierdo, de 17 años y 7 meses; o la del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de 14 años y 4 meses, entre otras.
El fallo incluye 28 delitos de prevaricación que alcanzan a 194 años de inhabilitación para los condenados. Detalla 24 delitos de cohecho que recaen sobre 12 personas, 26 de blanqueo, 36 de malversación y 20 delitos contra la hacienda pública, de los que 11 recaen en el matrimonio Bárcenas-Iglesias. La sentencia incluye un total de 165 penas.
La sentencia, de 1.687 páginas, incluye un voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado, en el que propone la absolución de Ricardo Galeote, Ángel Sanchís y su hijo, así como de Carlos Clemente. Además, el magistrado se opone a la condena al PP como partícipe a título lucrativo.
Los magistrados explican que la sentencia mayoritaria se basa en su mayor parte en la ponencia inicial de Ángel Hurtado. Al quedarse éste en minoría en varios aspectos de la misma, la ponencia ha pasado en forma de coponencia a los otros magistrados, figurando Julio de Diego como ponente, a efectos formales, al ser el más antiguo.
Los hechos probados de la llamada "primera época de Gürtel" se sitúan entre los años 1999 hasta 2005, con algunas actividades muy concretas posteriores, en relación con la estructura de la organización liderada por Francisco Correa y desplegada en determinados territorios gobernados por el Partido Popular.
La Sala ha juzgado los hechos atribuidos al Grupo de Correa en la localidad malagueña de Estepona, en los municipios madrileños de Majadahonda (2001 a 2005) y Pozuelo (2003 a 2005), municipio de Madrid (2002), Comunidad de Madrid (2004 a 2008) y Comunidad de Castilla y León (2002 y 2003).
El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político. Pero además, según la Sala, se creó "en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas".
La sentencia relata cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público, "o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc. De las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares".
Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada "Caja B" del partido, consistente "en una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido, si bien estos últimos aspectos que se describen lo son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento".
Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa percibió 8.400.000 euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos- indica la Sala- generaron un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado "era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones".
Además, Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.
Dentro del entramado de empresas que Francisco Correa crea a su alrededor en lo que la sentencia denomina "un auténtico sistema de defraudación del erario público", Luis Bárcenas era una pieza fundamental porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, "de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella, y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio".
En esa relación, Francisco Correa se encargaba de los contactos con los empresarios y a su vez contactaba con Luis Bárcenas, que hacía las gestiones necesarias "para que las adjudicaciones recayeran en el concreto empresario que les interesaba, en cuya ejecución se incluían los incrementos correspondientes, que luego eran repartidos de la manera que se tenía establecida".
La Sala considera acreditado que Bárcenas nutrió sus cuentas de Suiza "con fondos provenientes de comisiones que recibió por su gestión e intermediación, aprovechándose de los cargos públicos que ostentó, en contrataciones públicas irregularmente adjudicadas".
Los jueces no han creído la versión del acusado de que su fortuna fuera de origen lícito y explican que también se apropió indebidamente de la llamada "caja b" del partido, a la que él denomina contabilidad extracontable del Partido Popular". Por estos hechos le condena por apropiación indebida, aunque el PP renunció a cualquier reclamación. La Sala, sin embargo, concluye que las cantidades existían y por tanto "el acto de apoderamiento se ha producido y ha recaído sobre una cosa ajena", apoderándose de algo que no le pertenecía y que recibió como mero custodio.
El Tribunal explica que desde el año 2000, Luis Bárcenas desarrolló por su cuenta y en colaboración con su esposa Rosalía Iglesias, que también resulta condenada, una actividad dirigida a enriquecerse de forma ilícita, intermediando en otras adjudicaciones y apropiándose de fondos del PP, que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza, que luego afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales y que destinó a pagos en efectivo, de manera opaca para la Hacienda Pública.
La Sala concluye que su mujer, Rosalía, en connivencia con él, se valió del mismo procedimiento para ocultar sus propias rentas y las de su esposo, y también simulando realizar alguna venta de cuadros. La sentencia relata el sistema ideado por el matrimonio para ocultar sus rentas en Suiza y cómo cambió a partir de febrero de 2009, cuando se abrió la presente causa y se produjeron las primeras detenciones judiciales. El Tribunal rechaza el argumento esgrimido por la defensa de Rosalía de que carecía de conocimientos como para llevar a cabo las actuaciones que se le imputan. Esa justificación, según la Sala, le relegaría "a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal".
Desde el año 2000, queda acreditado que Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias con la "finalidad defraudatoria que ha guiado su actuar" ocultaron rentas al Tesoro Público dejando de ingresar las cuotas por IRPF y de IP (impuesto de patrimonio) desde el año 2000, si bien se les absuelve de los delitos de los ejercicios de 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2009 por haber prescrito, cuotas que superan los seis millones de euros. Por los ejercicios por los que resulta condenado, correspondientes a 2003, 2006, 2007, Bárcenas y Rosalía Iglesias deberán indemnizar la Hacienda estatal con casi seis millones de euros, más los intereses de demora y los intereses legales.
La sentencia distingue entre los miembros de la trama Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur) y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración. Entre estos últimos, el tribunal describe el papel llevado a cabo en Estepona por el gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa; la Sala relata el papel ejercido por el diputado por Segovia Jesús Merino dentro del apartado de Castilla y León. En el municipio madrileño de Pozuelo, el tribunal describe las actuaciones ilícitas ejecutadas por el ex alcalde Jesús Sepúlveda.
En la Comunidad de Madrid, la sentencia detalla los actos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración, Carlos Clemente. Los magistrados destacan la operativa ilícita desarrollada por el entonces alcalde de
Majadahonda, Guillermo Ortega y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo a quienes incluye dentro de la organización criminal del Grupo correa, resultando también condenados por asociación ilícita. Todos ellos, aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración convenían con Francisco Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio.
Los responsables políticos, explica la sentencia, "ejercían su capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el abuso de las funciones propias de su cargo, las directrices idóneas para orientar la oferta y las condiciones de los contratos a las conveniencias de la empresa del grupo". Los jueces destacan la influencia que tenían Luis Bárcenas y Jesús Merino sobre otros cargos del PP y de la que se aprovecharon Francisco correa y su número dos, Pablo Crespo para conseguir adjudicaciones públicas a favor de sus empresas.
La sentencia describe un mecanismo similar en la contratación con las administraciones públicas, con adjudicaciones que vulneraban la normativa administrativa, obteniendo así un lucro personal ilícito para las empresas de Correa y para los funcionarios o cargos que desde dentro de la Administración participaban en esa irregularidad.
Las comisiones que se devengaron por las operaciones enumeradas no solo se abonaban en metálico. La sentencia detalla múltiples viajes y otros servicios organizados por la agencia Pasadena Viajes, regalos de coches, relojes, o eventos familiares en algún caso. Las comisiones se maquillaban mediante la emisión de facturas ficticias o por importes superiores. Por ejemplo, a Sepúlveda, la agencia Pasadena viajes le sufragó en viajes y servicios turísticos de la familia 50.332 euros. Y 4.500 euros de eventos familiares. Otro ejemplo es el de Alberto López Viejo, de quien la sentencia considera que cobraba un diez por ciento de cada acto que organizaba con la
trama de Correa, entre 2004 y 2008, con comisiones en metálico y en especie. Las cantidades se incluían como coste a la Comunidad de Madrid y se pagaban con cargo a sus arcas públicas.
Respecto a López Viejo se ha calculado que pudo devengar en concepto de comisiones en metálico 282.302 euros por 348 actos que organizó en la CAM. A esta cantidad se deben añadir otros 166.567 euros de comisiones en relación con otros 38 actos que organizó con otra de las condenadas, Isabel Jordan, a partir de 2007, cuando ésta se independizó de las empresas de Correa. Así, en total, las comisiones devengadas alcanzan la cifra de 448.870 euros.
La sentencia rechaza una a una todas las peticiones de nulidad planteadas por las defensas. Entre éstas, la petición de que se declararan nulas las grabaciones realizadas por el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas.
En línea con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la misma cuestión (Pieza Fitur), el tribunal explica que cuando el interlocutor de una conversación que mantiene con otro decide despojarse del secreto que ampara ese mensaje, el secreto deja de ser tal, y por lo tanto no hay derecho fundamental que proteger.
La Sala recuerda que lo que la jurisprudencia no tolera es acudir a técnicas subrepticias o valerse de algún tipo de ardid para conseguir la información, llegando a la intromisión de la intimidad porque en ese caso se viciaría el contenido de lo grabado. Pero en la grabación realizada por Peñas, según el tribunal, no se aprecia circunstancia alguna que permita pensar que no se estuvieran comunicando los interlocutores con absoluta libertad y conocimiento de lo que decían y con quien lo decían.
Para el tribunal, basta la sola lectura de los hechos para comprobar la importante cantidad de actuaciones prevaricadoras que se manifiestan "de cuantas maneras son imaginables para violentar los procedimientos de contratación, de los que los fraccionamientos o la contribución en la elaboración de los pliegos de prescripciones, o la preselección de empresas, son , por solo traer aquí algún ejemplo de lo que hemos relatado en la parte fáctica de la presente sentencia, una muestra clara de torcimiento del derecho, característico de la prevaricación, que, además, tiene por finalidad detraer de los caudales públicos que tienen bajo su custodia los acusados, y
de la que han de ser garantes, cantidades que sustraen para beneficio propio con merma para las arcas municipales".
Los jueces concluyen que la operativa de los acusados se convirtió en un mecanismo generalizado de emitir facturas que no respondían a servicios reales o infladas, pese a lo cual se abonaban con cargo a los fondos públicos municipales.
El tribunal concluye que el PP de be ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías.
La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo, en tanto que los actos delictivos descritos en la sentencia, "produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión".
La formación política deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. Lo abonarán de modo directo y solidario con los condenados Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno, Mari Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa, Pablo Crespo (por los gastos de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (por los de Pozuelo).
El tribunal explica que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debe responder. "Por tanto, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales; el testigo Ricardo Romero de Tejada lo confirmó ante el Tribunal: "era el Partido Popular quien debía sufragar los gastos y no el grupo municipal". Por tanto, es el Partido Popular, dice la sentencia, quien ostenta un único NIF en el tráfico jurídico y quien resulta obligado al resarcimiento del daño.
La Sala también condena a Ana Mato como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia. El tribunal recuerda que en la época de aquellas dádivas Ana Mato estaba casada en régimen de gananciales con Jesús Sepúlveda y por tanto esos gastos abonados por los condenados debían correr a cargo de la sociedad de gananciales " parece evidente – señala la sentencia- que si la señora Mato realiza unos viajes y recibe unos servicios que no abona, está obteniendo un beneficio en la parte o cuota que debiera corresponderle sufragar como miembro de la sociedad conyugal, por lo que, en la medida que supone un enriquecimiento sin causa, como decíamos arriba, viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado".
Del mismo modo, la Sala condena a Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega a devolver 45.066,66 euros por participar a título lucrativo de los viajes y regalos con los que la trama Correa obsequió al matrimonio.
En su voto particular, Ángel Hurtado expone los argumentos por los que no está de acuerdo con la introducción que han incluido sus compañeros en la sentencia mayoritaria, ni con las condenas al PP como responsable a título lucrativo y las condenas impuestas a Ricardo Galeote, Carlos Clemente y Ángel Sanchís e hijo.
En relación con la introducción de la sentencia mayoritaria, que contextualiza al Grupo Correa en la órbita del Partido Popular y de la corrupción institucional, esas valoraciones, según Hurtado, son improcedentes en tanto que el PP ha estado encartado como partícipe a título lucrativo y por tanto "hay que partir de su total ausencia de participación en los hechos delictivos y su desconocimiento de los mismos".
Este magistrado critica que de algo que ha sido colateral al enjuiciamiento, como era la necesidad de acreditar la existencia de una contabilidad extraoficial llevada a cabo por Luis Bárcenas, para probar un delito de apropiación indebida, o el puntual lucro que pudo haber con ocasión de unas elecciones municipales en Majadahonda y Pozuelo haya servido a sus compañeros para introducir pasajes donde colocan al Partido popular y al Grupo Correa en una estructura de colaboración estable.
Hurtado se opone a considerar al PP responsable a título lucrativo y considera que la sentencia mayoritaria no ha explicado por qué asevera que el PP era conocedor de lo que se hiciera en las agrupaciones de Majadahonda y Pozuelo, "cuando, en éstas, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda estaban actuando a espaldas de su partido, y menos explica que el PP, como formación política, haya tenido un beneficio".
Hurtado argumenta que el tercero partícipe a título lucrativo se caracteriza por ser el beneficiario, el que se lucra por haber recibido la correspondiente partida, con origen en un hecho delictivo: "por esa razón, por mucho que se mencione al pp, se hace desde su abstracción como formación política, cuando considero que los auténticos beneficiarios, aunque se entienda como una redundancia lo que digo, fueron quienes se beneficiaron realmente de las cantidades que proporcionó Francisco correa".
En última instancia, afirma, quienes realmente obtendrían un beneficio serían Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, "ya que son los que se presentan a las elecciones municipales de 2003, y solo en cuanto son militantes de
dicho partido, es por lo que se considera por las acusaciones beneficiado éste".
El magistrado distingue entre la formación municipal y la nacional. Se basa en la declaración de Pío García Escudero que explicó que en campaña electoral el grupo municipal quedaba vacío de contenido, porque se está en un momento en que han dejado de ser concejales unas personas y hay una serie de candidatos que aspiran a serlo. Y siendo esto así, indica, "y teniendo en cuenta que Francisco Correa a quien entregaba personalmente los fondos era a Guillermo Ortega y a Jesús Sepúlveda, se ve con más claridad la distancia que hay entre esas irregulares entregas y el PP nacional, y, en consecuencia, el desconocimiento de éste y la imposibilidad de control de lo que se hiciera a sus espaldas".
Para el magistrado discrepante, no hay posibilidad de concretar qué beneficio real y efectivo pudo suponer para el PP esos actos realizados para su promoción por Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. Y, de considerarse que sí
hubo lucro o beneficio, este juez se pregunta de qué manera ese beneficio, que tiene lugar en el ámbito municipal, trasciende a todo el partido.
Sin negar la relación existente entre un partido político y su grupo municipal, este magistrado concluye que se debe mantener la diferencia entre ambos si, como en el caso presente, ha habido unas divergencias tan notables "que lo hecho por unas concretas personas que situamos en unas agrupaciones municipales ha sido a espaldas y en contravención de lo que el partido deseaba".
En relación con Ricardo Galeote, el voto particular señala que debe primar el "in dubio pro reo" y por tanto debe resultar absuelto. Frente a la sentencia mayoritaria, que señala a este ex concejal de Estepona como responsable de adjudicar de forma directa varios contratos a empresas de Correa a cambio de viajes y otros servicios, el voto particular se apoya en la declaración exculpatoria que prestó durante el juicio Francisco Correa respecto a este acusado; según declaró Correa, Galeote fue el único de los cargos públicos sentados en el banquillo que no recibió dádivas: " no comprendo- señala Hurtado- por lo tanto, que habiéndose dado tanto crédito al testimonio de aquel ( Correa) se descarte esta parte de él sin la menor explicación".
Además de Galeote, el voto particular propone también la absolución de Ángel Sanchís Perales y de Ángel Sanchís Herrero. Los dos han resultado condenados por blanqueo a un año de prisión por ayudar a Luis Bárcenas a ocultar su patrimonio ilícito, a través de un préstamo que, en nombre de la fundación Sinequanon, hizo a Ángel Sanchís Perales por importe de 3.000.000 euros. Según la sentencia mayoritaria, de este modo Bárcenas, en febrero de 2009 y tras haberse ordenado las primeras detenciones judiciales, intentó que ese dinero ilícito depositado en una de sus cuentas suizas, entrase en el circuito lícito, con la ayuda de los Sanchís.
Frente a este argumento, el magistrado Hurtado concluye que no ha quedado acreditado que estos dos acusados conocieran que se tratara de dinero de procedencia ilícita, ni que los Sanchís conocieran las actuaciones irregulares de Luis Bárcenas. Y más aún en el caso del hijo de Ángel Sanchís, cuya acusación, según Hurtado, es menos consistente "porque viviendo como vivía en Argentina, considero razonable que, como decía, no estuviera al tanto de esta cuestión que empezaba a ser incipiente en España".
Ángel Hurtado considera que otro de los condenados, el ex director General de Inmigración Carlos Clemente también merece la absolución. Si bien desde su Consejería se encargaron actos, según Hurtado, nada tuvo que ver él en su contratación, como tampoco en su facturación y por tanto ninguna compensación se le debía por esos actos. Las decisiones sobre esas contrataciones, con todas las irregularidades que se llevaron a cabo, "las tomaba López Viejo y lo que sucede es que, como a esas decisiones había que darles forma y para ello había que pasar por alguna Consejería o Departamento, de la misma manera que se utilizaron otras, se utilizó la de Carlos Clemente". Hurtado concluye que los datos recabados no son suficientes para probar que Clemente recibiera comisiones en contraprestación de eventos adjudicados de manera irregular.
