El ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, el día de su detención. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar al exconseller y ex delegado del Gobierno en la Comunitat Serafín Castellano (PP) y a 31 personas más por formar una organización criminal que presuntamente se concertó para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea mediante la corrupción de funcionarios y autoridades.
Según el auto de procesamiento del conocido como caso del "cártel del fuego", que se ha hecho público este miércoles, los amaños se extendieron a otras comunidades e incluso otros países, y solo en la Comunitat, donde se han detectado mayor cantidad de irregularidades, se concertaron contratos por un total de 151.585.386,22 euros entre 1999 y 2017.
El magistrado Manuel García Castellón considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, alteración de precios en concursos o contratación pública, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El procedimiento se dirige, además de contra el citado exconseller de los gobiernos de Francisco Camps (Conselleria de Gobernación) y Eduardo Zaplana (Sanidad y Justicia), contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios, y es fruto de la investigación fiscal, de diligencias de los Juzgados de Instrucción 1 y 2 de Sagunto (Valencia) y del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla.
El auto indica que de lo investigado "ha quedado suficientemente acreditado que un grupo de personas y entidades, actuantes en el sector de la navegación aérea para extinción de incendios, con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar" los procesos de "contratación y adjudicación pública".
Con ese fin, prosigue el auto, "se vino corrompiendo, mediante compensaciones económicas, a múltiples funcionarios y autoridades intervinientes en la adopción de decisiones inherentes a los procesos de contratación o del control y ejecución de lo contratado".
Todo ello se lograba "mediante actuaciones, decisiones o comportamientos, injustos, injustificados, arbitrarios" de los investigados.
En unos casos "incrementando indebidamente el gasto en favor de las personas y empresas concertadas" y en otros "permitiendo prórrogas o modificaciones contractuales indebidamente".
Lo que hacían "sin la correspondiente memoria justificativa o sin las ofertas técnicas o sin las regulares actas de iniciación y finalización de los servicios o de los partes mensuales de trabajos o de las actas de conformidad con los trabajos, o sin cumplimiento de las características mínimas de las PPT); bien aprobando indebidamente facturaciones; o bien favoreciendo a determinadas personas y entidades".
Los empresarios y sus compañías, continúa el juez, se integraban en un grupo de actuación que se repartía "geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector", e incluso mantenían reuniones en las que "preestablecían" qué sociedades concretas concurrirían (y cuáles no), en qué zonas de influencia, con qué turnos rotatorios, cuándo en forma de UTES, y estableciéndose además sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas como consecuencia de tal forma de proceder.
Los amaños no solo se desarrollaban en España, sino también en otros países, y en ocasiones se provocó que algún concurso quedara desierto generándose un incremento posterior del precio de licitación en el procedimiento negociado sin publicidad.
En otros, prosigue, las prórrogas arbitrarias e injustificadas de los contratos y los injustificados expedientes de enriquecimiento injusto generaban "incrementos notabilísimos" en los importes finales de adjudicación o en los costes totales de los contratos.
El magistrado refleja que, conforme ha informado la IGAE, solo en la Comunitat Valenciana, donde se han constatado las principales infracciones, con sujeción a la exclusiva concurrencia de AVIALSA (vinculada al investigado principal Vicente Huerta Domínguez) y ocasionalmente UTES en las que se integraban otros investigados, entre 1999 y 2017, se concertaron contratos por importe total de 151.585.386,22 euros.
PAGO DE DÁDIVAS O REGALOS A FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES
La investigación apunta a que era mediante dádivas o regalos como los principales investigados corrompían a funcionarios y autoridades influyentes o intervinientes en las decisiones de contratación.
De este modo obtenían, para sí o terceros, las decisiones favorecedoras en dichas tramitaciones, contrataciones y ejecuciones contractuales.
Igualmente, agrega, "se ha constatado una sistemática actuación de generación de actitudes clientelares en el ámbito de la administración interviniente en el sector".
En concreto, se ha comprobado que, en el ámbito contractual de la Comunitat Valenciana y de la Catalana, el grupo de entidades o sociedades vinculadas con AVIALSA realizó por diversos medios, en favor de funcionarios o autoridades, entregas de metálico o regalos consistentes en vehículos, cacerías, armas de fuego y accesorios, relojes y joyas o estancias en establecimientos hoteleros.
El auto apunta que solo a Serafín Castellano Gómez (conseller desde 2003 a 2014 y exsecretario del PPCV), y sin que eso agote todas las dádivas entregadas, se le hicieron, tomando únicamente en cuenta el ámbito de las actividades cinegéticas, regalos por importe no inferior a 163.736,02 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 relata otra serie de pagos a funcionarios y autoridades y subraya también que al "pactado funcionamiento de los investigados aludidos y sus empresas contribuyó también el uso instrumental de la AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas) gestionada, a tal fin, por el también investigado Dámaso Castejón Amenedo".
